Introducción
La organización social colombiana cuando diseña su acción —plan de trabajo— como si fuera parte integrante real y activa del Estado se equivoca, al desconocer su imposibilidad de acceder a los espacios donde se toman las decisiones en el diseño de las políticas públicas o en la elaboración de los planes de desarrollo de las administraciones diseminadas por las distintas unidades territoriales del país.
Esa situación se observa en la mayoría de los Estados del planeta con el desmonte paulatino del denominado «Estado de Bienestar» en Europa, Estados Unidos y otros donde se había avanzado de manera importante en ese sentido, lo cual ha generado en varios continentes enormes movilizaciones sociales, al punto que algunos gobernantes han sido remplazados por otros, sin que a la fecha, ninguno de esos movimientos haya logrado cambios en el modo de producción imperante en ninguno de los países donde se han presentado esas luchas sociales. Pero los capitalistas del mundo están temerosos.
El crecimiento del apetito desmedido de acumulación ocurrió luego de la caída del principal competidor de «occidente» a finales de los 1980, la Unión Soviética, con lo que se crean las condiciones de la caída del muro de Berlín y generación de un nuevo equilibrio en el orden del poder mundial, ya sin el que unos denominaban «campo socialista» y otros «campo social imperialista soviético» donde se destaca el hecho de que en 1960 la República Popular de China y Albania se marginaron de ese campo.
La nueva situación internacional dio vía libre a la aplicación de la ley económica fundamental capitalista, la sobrexplotación de la fuerza de trabajo, al arrancarle una mayor plusvalía al trabajador, al prolongar la parte de la jornada de trabajo que el capitalista no le remunera al trabajador, mientras reduce la parte de la jornada con que paga la fuerza de trabajo. Esa es la aplicación del concepto de mano de obra barata.
Esa realidad, la de que la ganancia del capitalista en general solo se obtiene con la plusvalía obtenida con la explotación de la fuerza de trabajo de las personas explotadas y de quienes laboran bajo la figura a destajo en las maquilas. Como la fuente de la riqueza de las sociedades donde impera el modo de producción capitalista, sea en su fase inferior de libre mercado, que dejó de existir en lo fundamental en la última década del siglo XIX, sea en su fase superior, la de los monopolios, donde los países ricos explotan a sus propios pueblos y a los pueblos de los países que sojuzga y mantiene bajo su dominio. Esa ley deducida científicamente por los maestros del proletariado, Marx y Engels, ahora se expresa en la obtención de mayores beneficios y de la concentración monopólica de los mercados existentes en el planeta, mediante la explotación, la ruina y la depauperación de la mayoría de los habitantes del país dado, mediante el avasallamiento y el saqueo sistemático de los pueblos y riquezas del subsuelo de otros países, principalmente de los países atrasados y, por último, mediante las guerras y la militarización de la economía nacional o recolonización económica de pueblos y países enteros por los países ricos, a fin de asegurar éstos los máximos beneficios.
Los países pobres, que lo son, por las imposiciones de los países ricos, reforzadas con la firma de convenios de aquéllos con entidades multilaterales como FMI, BM, OMC, hacen someter sus planes de desarrollo a la entrega ascendente del mercado interno del país, a la privatización agresiva de las empresas estatales de servicios públicos y de producciones estratégicas a las multinacionales de los países ricos, a la vez exigen el aumento de la concentración de la propiedad de la tierra a costa de la vida de la economía campesina, del desplazamiento forzado por la violencia de cuatro millones de personas, por las masacres de campesinos, comunidades indígenas, afro descendientes, como es el caso de Colombia, donde las tierras apropiadas por las multinacionales para extraer las riquezas del subsuelo sobrepasan las seis millones de hectáreas que eran el patrimonio de un millón de familias intimidadas. Esa violencia favoreció la geopolítica imperialista de generar políticas nacionales de autoabastecimiento al consumo interno, de desarrollo de nuestra producción nacional.
Esa geopolítica internacional utiliza a países serviles al imperialismo —Israel— que se protege con las ojivas nucleares de la OTAN, que a su vez está comandada por el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora EEUU busca integrar a algunos países asiáticos a la OTAN para enfrentarse mejor a China y someter a India, también busca integrar a países africanos a la OTAN para someter al mundo árabe en África, apropiarse de todas las riquezas de su subsuelo, como ocurrió en Libia en 2011
El Consenso de Washington, formulado por John Williamson en noviembre de 1989 refleja lo entendido por el imperialismo como «política de reformas» donde incluye una lista de diez políticas[1] que impusieron a los países de América Latina, luego de los resultados favorables obtenidos por los países ricos se difuminó por el planeta para enfrentar una y otra de las crisis provocadas por la ambición imperial y, luego le endosa el pago de los desastres a los pueblos de los países pobres y si no les alcanza ferien los bienes del Estado del país dado. Esa estrategia afinada por Washington, DC e instituciones como el FMI, BM y Departamento del Tesoro de EEUU, se aplica también por la Unión Europea a países de Europa Oriental, así como a Grecia, España, Irlanda, Portugal, generando esa situación luchas sociales contra esas políticas imperialistas de beneficio exclusivo de los grandes centros financieros mundiales.
Las políticas de Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y Márgareth Tatcher, Primera Ministra Inglesa, en los 1980 se dieron al compás de niveles ya incontrolables de corrupción causados por Nomenklatura en el Partido de Gobierno de la Unión Soviética, desde 1958 y acabó con la URSS 1991. Luego el mundo conoció el potencial de la mafia rusa en el proceso de degollamiento de la patria socialista desde cuando asumió el mando sin contradictores de peso el señor Nikita Khrushchev, que ordenó la construcción del muro de Berlín en 1961 y solo pudo derrumbarse en 1989. Se habló entonces del fin de la historia, de que las tesis del socialismo perdieron toda vigencia.
En ese ambiente hostil a las ideas emancipadoras se da la toma del Palacio de Justicia, con el sugestivo nombre de «Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre», que le dio el grupo de asalto M-19, el 6 de noviembre de 1985. Cuando los Estados Unidos promovían una nueva Constitución Política en Colombia, mientras se enorgullecían de los 200 años de la Constitución Estadounidense el 17 de septiembre de 1987. La Corte se negó a aprobar una Constituyente violatoria de la Constitución de 1886 que estaba por cumplir los cien años. En 1988, George HW. Bush lanzó una política exterior caracterizada por las operaciones militares en Panamá y el Golfo Pérsico.
Luego de la masacre de parte de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia se dio la desmovilización del grupo M-19 el 9 de marzo de1991, se aprobó la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de febrero de 1991 y el 4 de julio, día de la Independencia de Los Estados Unidos de Norteamérica, se promulga la Constitución de 1991 y el presidente César Gaviria Trujillo da la «bienvenida al futuro», mas no al pueblo de Colombia sino a las multinacionales para que saqueen a Colombia a su gusto. Pues esa Constitución acogió los lineamientos del Consenso de Washington y los partidos que rubricaron su promulgación fueron cómplices de esa agresión contra la patria. Solo el Moir denunció esa acción apátrida, pero hoy vemos a ese movimiento acompañando al coro de los defensores de la Constitución de 1991 o al menos guardando un silencio prudencial a los descalabros que a diario ocasiona.
Es conveniente romper el silencio y decir que el señor Gustavo Petro, ex integrante del M-19 y figura política del proceso subsiguiente a la masacre de personas integrantes de la Corte Suprema, nunca ha dejado de ser favorecedor de los intereses del imperialismo norteamericano en nuestro país y tal vez continuará el nuevo burgomaestre de Bogotá. Consideramos algunos sectores que se avanzará con él el proceso de privatización de los siete hospitales que cobija la Zona Franca en Salud en el Centro de la Capital de la República, se acelerará la privatización de la ETB, se seguirá cooptando desde la Secretaría Distrital de Salud (SDS) al movimiento social en salud de Bogotá con el apoyo de algunas ONG, como ocurre desde hace ocho años con las argucias y cancamusas de la Corporación Grupo Guillermo Ferguson y otros contratistas pro privatizadores privilegiadas por la SDS. Esperamos que la actitud intimidatoria de un familiar de la directora de la Oficina de Participación y Atención al Ciudadano de la SDS se prohíba, por expresar una tendencia fascista propia de «falanges» al servicio del Estado.
Llamamos a los bogotanos a conformar el más amplio y diverso frente de resistencia civil contra el modelo de «apertura» económica y privatizaciones —léase de recolonización económica— en Bogotá y por la defensa de la producción y soberanía nacionales, por la defensa de las normas de la democracia, por la defensa de las reivindicaciones sociales y contra todo tipo de violencia venga de donde viniere.
Para avanzar en ese frente debemos entender que desde la Constitución de 1991 el establecimiento está al servicio del gran capital y en contra de los intereses de la población colombiana, por eso debemos unirnos y evitar que nos sigan engañando con unos derechos consagrados en la Constitución pero inaplicables si no se da la sostenibilidad fiscal, que jamás se dará. Por ello la garantía del derecho a cargo del Estado queda supeditada a los recursos que le quiera girar las multinacionales amparadas con las cinco bases militares asentadas en Colombia. Entonces la salida es buscar la unidad con los pueblos del mundo contra la agresión del gran capital y sus grupos de choque, las multinacionales.
Bogotá, 1° de enero de 2011
[1] Disciplina presupuestaria (los presupuestos públicos no pueden tener déficit); Reordenamiento de las prioridades del gasto público (el gasto público debe concentrarse donde sea más rentable); Reforma Impositiva (ampliar las bases de los impuestos y reducir los mas altos); Liberalización de los tipos de interés; Un tipo de cambio de la moneda competitivo; Liberalización del comercio internacional (trade liberalization) (disminución de barreras aduaneras); Eliminacion de las barreras a las inversiones extranjeras directas; Privatización (venta de las empresas públicas y de los monopolios estatales); Desregulación de los mercados; Protección de la propiedad privada
