La CTC y la organización de los campesinos mineros

El Estado desde la creación del Incoder apenas si ha titulado a las familias desplazadas por la violencia —económica, política y armada— y a los campesinos sin tierra doscientas mil hectáreas. Mientras tanto el Estado ha titulado, desde su andamiaje gubernamental, jurídico y legislativo, en los últimos ocho años a los consorcios internacionales y nacionales mineros más de cinco millones de hectáreas de tierras que eran reservas naturales bosques o pulmones ambientales.

La resistencia campesina y popular ha impedido titularle las tierras del páramo El Almorzadero, con la creación de «reservas campesinas» a expensas de la ley 164 de 1997, la parte sur de los Cerros Orientales en Bogotá ante la presión de las mesas territoriales que se oponen a la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), En el Páramo de El Sumapaz y en el Alto de La Línea están quedando a merced de la voracidad de las multinacionales, que vienen por los reservorios de agua dulce, que como estos se encuentran diseminados por las cordilleras Occidental, Central y Oriental de nuestros Andes colombianos. Tierras trabajadas por la población campesina, cuidando de su ecosistema adentro de la frontera agrícola.
En las regiones cálidas del piedemonte, como es el de Cundinamarca, los cultivos de pan coger vienen siendo sustituidos por cultivos agroindustriales —palma africana, agro combustibles, en los sectores de clima medio se cultivan los bosques de pino, explotados por la multinacional autodenominada «Cartón de Colombia» —que de Colombia solo le queda el nombre—, y para desplazar a los campesinos de los diferentes sectores se les ha impuesto un plan de ordenamiento territorial acompañado de un plan militar de desplazamiento rural.

Los espejos del futuro de Bogotá y Cundinamarca los vemos en los reflejos de la situación aciaga que sufren los pobres de la Región del Catatumbo (Norte de Santander), explotaciones auríferas del Sur de Bolívar y Nordeste Antioqueño, departamento afectado con el proyecto hidroeléctrico de Urrá II —que implica el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas Emberá Katio, comunidades negras y en los departamentos de Tolima y Quindío, afectados con el Proyecto Minero aurífero La Colosa, que desplazaría a las poblaciones campesinas de once municipios de los departamentos del Tolima y Quindío entre otras, donde se cierne la amenaza volcánica del Machín con un impacto potencial en un área de 334.201 Hectáreas, en una presunta erupción que pudiera ser ocasionada por el efecto de las excavaciones requeridas para sacar el oro en los próximos años de unos 5.000 metros de profundidad, cuyo epicentro se encuentra en el municipio de Cajamarca.

La política oficial ha dado como resultado cuatro millones de personas víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado, a las que en términos neoliberales se denominan «personas en condición de desplazamiento» o como ahora las denomina el alto Gobierno, «migrantes internos», a quienes se les arrebató seis millones de hectáreas, con el legendario método de la violencia armada —guerras civiles; violencia liberal conservadora; violencia narco terrorista, narco política, para militarismo, para política y otras—, el resultado es el mismo en todos los casos, expropiación a sangre y fuego del patrimonio de los pobres del campo y la ciudad.
Las tierras aledañas a yacimientos mineros, programas agroindustriales, hoy en manos de terratenientes «amafiados» —ganaderías extensivas y exóticos parques recreacionales—, explotadores de minas, en sus contornos encontramos bien distribuidas siete bases militares norteamericanas. Los nuevos propietarios de esos «predios cementerios», donde yacen los miles de cadáveres de los anteriores propietarios, masacrados por los paramilitares que hoy gozan del beneficio de la ley de impunidad colombiana. Más conocida como ley 782 de diciembre de 2002.

El objetivo de la secretaría ejecutiva agraria de la seccional CTC Bogotá y Cundinamarca es denunciar ese modelo de desarrollo, cuyos efectos se comienzan a observar en Bogotá y Cundinamarca, al que denominamos proceso de recolonización económica del país por parte del imperialismo, al permitir el gobierno que los comodines de las multinacionales actúen libremente en el saqueo al campesinado.

La idea es organizar al sector del proletariado agrícola, al campesino minero y al campesinado en general en Bogotá y Cundinamarca. Sobre la recuperación de la producción, distribución, procesamiento, almacenamiento y comercialización de alimentos y materias primas agropecuarias, con lo cual impulsaríamos una producción solidaria agropecuaria, con base en una comprensión de la situación económica social que vive la población colombiana en general y Bogotá-Cundinamarca en particular.
Las dinámicas sociales deben adelantarse sobre las realidades, por crudas que sean, y todo el proceso de organización y de planes de acción que deben abordar la búsqueda de salidas del tamaño de los problemas, en la realidad concreta vivida. La posibilidad es aunar esfuerzos, con todo el movimiento campesino, para exigir al Estado su presencia en la toma de decisiones en el diseño de la política pública de desarrollo social rural, a fin de que se defiendan en ella los principios de la defensa de la producción y soberanía nacionales, única forma de asegurar la soberanía alimentaria.