sábado, 2 de abril de 2011
PROBLEMÁTICA AGRARIA Y SALIDAS VIABLES A ÉSTA
Insumo para el plan de trabajo en 2011 Seccional CTC Bogotá-Cundinamarca y para el plan de trabajo Festracol—CTC
Gonzalo Wohlmeyer Gómez
Bogotá, 26 de enero de 2011
Involucrémonos en actividades de resistencia sindical, cívica y popular campo-ciudad
Encontramos una bajamar en las actividades de la organización rural y un ascenso de las dinámicas foráneas por la explotación de agro combustibles en millones de hectáreas, saqueo de recursos naturales minero energéticos en vastos campos, bosques y parques ambientales de Colombia, mientras nuevos procesos populares, como ocurrió en la movilización del 18 de noviembre de 2010 en Bucaramanga por la rabiosa agresión de las empresas mineras contra las poblaciones ubicadas en las áreas de exploración y explotación. Generó el grito del lema de lucha popular: «No queremos oro, no queremos mina, queremos agua pura y limpia»
Diversos sectores —sociales, entidades privadas de profesionales e investigadores, entidades públicas y privadas (académicas, Fenalco, entre otras) sindicatos y grupos políticos— se movilizaron el 18 de noviembre de 2010 para exigir al Gobierno Nacional, al Ministerio del Medio Ambiente y a la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) la negación del otorgamiento de la licencia ambiental a la multinacional canadiense «Greystar Resources Ltd» para la explotación de oro y plata en el Páramo de San Turbán. Ante la inminencia del envenenamiento del agua por el uso diario de 40 toneladas de cianuro, afectando a unas 63 mil familias del área metropolitana de Bucaramanga. La CDMB debió sancionar en días pasados a esa multinacional por los malos manejos que ya hace de las aguas ácidas y desechos sólidos, producto de sus actividades, apenas en la etapa exploratoria.
En cuanto a la garantía del derecho al agua, la humanidad ha privilegiado el consumo de ésta para la satisfacción de las necesidades básicas humanas sobre las de explotación. Es decir, el Estado colombiano debe privilegiar los intereses de la población en el uso del agua para el acueducto metropolitano en Bucaramanga y municipios potencialmente afectados de la región sobre los intereses de la multinacional canadiense. Sobre esos conceptos del derecho internacional, suscrito por Colombia, los manifestantes exigieron a la gobernación de Santander la protección del páramo de San Turbán. Pues de no proteger esa fuente de recursos hídricos de manera clara y precisa, la población quedaría a merced de la fiebre del oro de los canadienses. En el ciberespacio aparece la «Greystar Colombia», al ser los dueños de la concesión por la que está compitiendo, con el visto bueno del Gobierno colombiano, con voces negativas en el Congreso de la República. La explotación minera industrial, por sus actividades de descapotado es imposible que sea sostenible y, comprometerse a ello es una franca irresponsabilidad. Irresponsabilidad vista por el Gobierno con una antipatriota obsecuencia.
De ahí la arrogancia de la multinacional contra el derecho al agua de quienes habitan ese sector y, por ello, los habitantes de los campos afectados están condenados por la acción de la Greystar a morir de sed o envenenados. Eso ha suscitado que en el mismo Congreso de la República haya sectores que exijan al presidente Santos negar el otorgamiento de esa licencia minera ante el desastre humanitario y ambiental que allí se ocasionaría.
Promovamos la articulación de los nuevos procesos populares en acciones más colectivas
La mina la Colosa en Cajamarca (Tolima) y la explotación carbonífera en el Páramo El Almorzadero (Santander) presentan situaciones similares. La explotación de oro de La Colosa afecta a la población de Cajamarca y once municipios más en Tolima, Quindío y Valle. En esa misma área de explotación se encuentra el volcán El Machín, con un incremento en su actividad en los últimos días, superior a las acostumbradas. Fenómeno que podría estar relacionado con las actividades de exploración, ya en ejecución. Allí las acciones ininterrumpidas de resistencia popular contra el daño ambiental causado por la explotación carbonífera, que afectaría a varios municipios de la Provincia de García Rovira (Santander) La experiencia de resistencia popular, ha mostrado que una de las estrategias más accesibles es la creación de zonas de reserva campesina. Con ello se ha logrado la defensa del territorio ante la amenaza de las concesiones mineras del Estado a multinacionales que vienen a explotar el carbón y diamantes de esa mina a cielo abierto. El caso emblemático ha sido la lucha a través de la norma que crea las zonas de reserva campesina por la salvación del Cerro de «El Almorzadero» hace ya más de una década.
La CTC debe propender porque la organización sindical oriente la lucha en defensa del patrimonio, medio ambiente, producción y soberanía nacionales, por la garantía del acceso pleno de los derechos fundamentales y conexos de la población de manera integral. Por esa razón, la tarea debe trascender la solicitud de algunos congresistas para la denegación de la licencia a la explotación de oro y plata en el páramo San Turbán, apenas en la parte del departamento de Norte de Santander. Es absurdo, también debe prohibirse esa explotación del páramo que se encuentra ubicada en el departamento de Santander. Esa denegación de licencias debe extenderse a las explotaciones de La Colosa en el volcán de El Machín, El Almorzadero y en todas explotaciones mineras energéticas que se estén licitando en el país.
La razón es simple. En todas esas explotaciones se hacen a un lado la prevención de las consecuencias que pudieran ocasionar a la economía del país en el futuro, por unas exiguas regalías que apenas le quedan al país, las cuales no pasan del 5 % de los reportes de las extracciones que hacen las multinacionales. Reportes avalados por obsecuentes funcionarios. Es hora de levantar la bandera de la defensa del patrimonio público y ambiental, de la producción y soberanía nacionales. Donde se muestre el impacto negativo de la producción de agro combustibles, la extracción minero energética adelantada por empresas multinacionales, asentadas en la actualidad por unas seis millones de hectáreas del país.
Pues solo de una propuesta agraria, soportada en la comprensión de la totalidad de la problemática colombiana, podría ser defendida por vastos sectores de la población rural. Pues solo un trabajo que muestre y sustente las falencias de cuanta promesa electoral aparece, animaría un debate nacional de gran envergadura en este año de elecciones. Si logramos materializar en actas de compromiso de los candidatos en apoyo a las propuestas populares. El asunto es que carecemos de las propuestas elaboradas en materia de organización, de ciclos de producción, distribución, cambio y consumo. Pues solo entrando en los debates locales, municipales, distritales y nacional podríamos convertirnos en un actor determinante en la toma de las grandes, medianas y pequeñas decisiones nacionales.
El actual modelo de desarrollo del país se asemeja a la persona que para sobrevivir venden litros de su sangre. Logrando su propósito en cortos espacios de tiempo, pues ese desangre continuo le ocasiona una pronta muerte por inanición. Ese es el contenido de la locomotora de la minería defendida por el señor Santos, la de acabar con cuanto yacimiento minero haya, así para ello deba llevarse todos los páramos o fuentes de agua y la vegetación que encuentre a su paso en el país, con lo que en pocos años apenas quedarían tierras desérticas y perdiendo la oportunidad de aprovechar nosotros mismos, los colombianos, en vez de subastarlas a menos precios a otros países. Entraremos en una situación tal que no habrá a que echarle mano. Será cuando las hambrunas arreciarán por todo el país, sin dinero para comprar alimentos y sin tierras cultivables, pues estarán en manos de norteamericanos, chinos, brasileros. En fin la suerte está echada. Es momento de reaccionar contra ese panorama tan lamentable.
Debemos adelantar una autocrítica a nuestro actuar por lo escaso de resultados positivos
El movimiento sindical atraviesa por una serie de situaciones adversas. a) unas virulentas contradicciones internas de sectores de la CUT, correspondientes al endoso que le hace el Polo Democrático Alternativo de sus enormes contradicciones burocráticas a esa Central, según las propias manifestaciones por los medios escritos de la Central Unitaria de Trabajadores. b) El espaldarazo que los medios masivos de comunicación le han brindado a la CGT, en cabeza de Julio Roberto Gómez. Es la forma de resarcir la obsecuencia de esa Central que se aleja de los intereses de los trabajadores y se pone de lado de los intereses de la oligarquía ramplona, acompañada con fidelidad por el reconocido esquirol, Angelino Garzón. Esas dos situaciones, la de la posible división en la CUT y la actitud quintacolumnista de la CGT en el movimiento obrero colombiano podría afectar a la CTC, donde personas contrarias a la «liberación obrera» vean con ojos de admiración el apoyo institucional a personas desleales que están al servicio de la oligarquía, en su propósito de condenar al pueblo de Colombia al hambre miseria y desolación. Esas críticas por la escasa convocatoria que los medios de comunicación le hacen a la CTC rayan en posiciones oportunistas y y anti patriotas, pues ponerse del lado del régimen es ponerse del lado de los intereses de las multinacionales y en contra del pueblo de Colombia. La unidad de los trabajadores debe darse alrededor del análisis de la situación concreta vivida por el país en los factores de unidad que han ido configurándose. En momento alguno en la crítica desubicada a la CTC, pues ésta ha sido recta, distinta por principio y dignidad a la CGT.
Privilegiando el régimen a la CGT de una parte incrementa la división en el movimiento obrero y de otra coloca a esa central en contra de los intereses de los trabajadores y a favor de los del gran capital. El premio a las traiciones de la CGT sería el nombramiento del Julio Roberto Gómez en el por resucitar Ministerio de Trabajo u otro que haga sus veces.
La nueva administración del Estado busca profundizar el modelo de «apertura» económica y privatizaciones —léase «recolonización» económica—, desde sus: «cinco locomotoras de crecimiento o cinco ejes programáticos» —Vivienda, infraestructura, minería, agrícola e innovación—, sin que a la fecha conozcamos un pronunciamiento crítico a profundidad de las centrales sobre esa propuesta gubernamental. Esa crítica la debe encabezar la CTC y sectores democráticos del país hacia el primer trimestre de 2011. Crítica construida de manera colectiva, desde un material de discusión, pliego o mandato ciudadano por la Salvación de Colombia.
Si bien las salidas teóricas tienen un inmenso valor, como es la de servir de guía para la acción, debemos acompañarla en su unidad dialéctica, teoría y práctica, pues la práctica además de actuar como su parte determinante, cumple el papel de corrector teórico permanente. La acción práctica inicial sería la incursión por parte de la CTC, en la formación de sindicatos de industria o por rama de actividad económica. Esa es una salida práctica a la organización de los trabajadores informales o vinculados al campo laboral a través de la tercerización.
Ahora se presagian los descuentos de salarios para los trabajadores del Estado que, tal vez, no lleguen a los damnificados, donde se anuncia además el incremento del cuatro al cinco por mil, a fin de atender las situaciones de desastre y emergencias. En fin, se da toda una serie de ajuste a las activas exacciones, supuestamente transitorias –para implantarlas– y luego se convierten en permanentes —luego de implantadas—, pues nos encontramos en un mundo donde cada vez son más frecuentes las crisis, que se descargan en los hombros de las poblaciones para asegurarle a las multinacionales el no descenso de sus ingentes ganancias. A eso es a lo que se le llama subsidiar al imperialismo con el patrimonio público nacional y el trabajo del pueblo.
Todos esos elementos nos deben motivar a incursionar en la toma de una conciencia de clase bien definida, avanzando así en la fuerza de las convicciones, construcción y organización de una nueva formación económica social, a implementar, con la convicción de la fuerza popular.
Elaboremos una pedagogía de la emancipación con una escuela de pensamiento alternativo
El primer paso para la incursión en el campo de la ideologización es el traducir la realidad en términos sencillos acerca de las razones materiales de la actividad productiva y el entorno político cultural de las condiciones en que ella misma se desenvuelve. Pues hay fenómenos que a simple vista no se asimilan en su real dimensión socioeconómica. Veamos:
Caso 1. En el año 2010 la producción industrial subió durante los primeros nueve meses del año apenas 2,8 %, cuando se preveía un incremento de un 4,5 para todo el año, sin embargo, las ventas del comercio ascendieron en ese mismo lapso de tiempo en un 18,6 % El consumo se incrementó al presentarse una menor incertidumbre laboral y un mayor acceso a los préstamos –vehículos, motos, autopartes, electrodomésticos, otros–, llegando a generar esa situación transitoria algunas variaciones en los hábitos de consumo de gruesos sectores en los distintos grupos poblacionales.
Los bienes demandados en su mayoría fueron productos procedentes de las importaciones, productos que se hicieron más accesibles ante la devaluación acelerada del dólar. Aquí se muestra la tendencia del Estado, cuando en momento alguno se preocupó por terciar hacia la priorización de la compra por parte de la ciudadanía de lo útil y necesario, si en realidad se quiere, por parte del régimen, del progreso ascendente de la Nación. Eso ya lo recomendaba en el siglo XVIII y XIX los ideólogos del liberalismo clásico, los economistas británicos Adam Smith y David Ricardo, creadores de la economía y de la macroeconomía respectivamente.
Eso muestra la tendencia patrocinada por el mismo Estado de priorizar el consumo de medios de consumo, haciendo a un lado la utilidad y la necesidad de acrecentar el consumo de medios de producción, con miras a hacer más competitivo el país en el concierto del mercado interno y externo, con el apoyo de la innovación técnico científica e industrial.
Según los parámetros burgueses el consumo directo, es el de satisfacción de las necesidades humanas básicas y el indirecto el que estimula el aparato productivo. El primero es el que genera la acumulación de capitales simples que no incrementan el volumen de inversión para fortalecer la industrialización. Por esa razón son el sustento de un bienestar relativo. La priorización de la importación de bienes de capital favorece y potencia el proceso productivo.
Lo anterior significa que el Estado prioriza la producción hacia afuera para abastecerse de los medios de consumo de afuera y favoreciendo el aparato productivo de bienes de producción extranjeros, como es obvio, en condiciones desventajosas para los nacionales que son sometidos a una competencia desleal. Lo cual agrava la torpeza de no fortalecer el mercado interno con la producción de bienes de capital o producción de medios de producción. La razón es el ansia del Estado por desindustrializar el aparato productivo nacional en la ciudad y el campo. Permitir a las multinacionales copar el mercado interno nacional y a la vez entregar las concesiones minero-energéticas para sostener la máquina del Estado, con sus dos componentes principales: la burocracia y las fuerzas armadas. Por ser éstas las garantes del poder de la clase dominante sobre el pueblo explotado. En términos coloquiales eso es vender el país para pasarla bien y a la espera de las migajas que el imperialismo les deje a sus capataces en las corporaciones de elección popular en el país a cambio de la miseria del pueblo.
El Estado posiciona al capital financiero internacional y desarticula al capital colombiano
En estos momentos, según cifras oficiales de entidades públicas y privadas, en promedio hay unas cuatro millones de personas víctimas del desplazamiento interno, ocasionado por la violencia política, económica y militar. Tres mil falsos positivos —según datos de la Fiscalía, que muestran, a la vez, un 99 % de impunidad—, 38.255 personas desaparecidas en los últimos tres años. 4.293 violaciones a los derechos fundamentales de los sindicalistas en los ocho años aciagos de la Administración de Álvaro Uribe, según datos de la Escuela Nacional Sindical, además durante ese período, se han amenazado a 2.513 trabajadores, se han asesinado 528, hay aun 33 desaparecidos, 534 desplazamientos forzados de trabajadores, 295 detenciones arbitrarias, 231 hostigamientos. En el año de 2010 fueron asesinados 41 sindicalistas.
Seis millones de hectáreas le han sido usurpadas con métodos violentos al campesinado colombiano. Donde la característica, según materiales publicados por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el ejército dispara y luego incrimina y, de esa acción no se salvan ni los niños, que antes de ser asesinados son violados y torturados según las denuncias de los campesinos contra el ejército colombiano. Es el espantoso caso de la violación de una niña en Tame Arauca que luego fue asesinada junto con sus dos hermanitos. En ese contexto el gobierno presentará un proyecto de ley de devolución de tierras mientras en distintas partes del país —amenazan, capturan, amarran a un árbol a los dirigentes de los movimientos por la recuperación de sus tierras, allí los torturan y luego los asesinan a piedra— a quienes adelantan actividades para reclamarlas. Ese hecho no debemos obviarlo de nuestro análisis de la situación vivida en vastas regiones de los campos colombianos.
El 22 de septiembre de 2010 la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció amenazas contra la población desplazada que luchan por recuperar sus tierras . Los ex paramilitares apenas han devuelto 6.600 hectáreas de más de 5 millones que les arrebataron. El ex paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri -ahora en el exterior y testigo protegido de la Fiscalía-, contó cómo se apoderaron de la tierra las autodefensas y sus socios: «Unos iban matando, otros comprando y otros legalizando»
DATOS SUMINISTRADOS EN UN DEBATE EN LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE COLOMBIA
PROPIETARIOS RURALES TIERRAS CULTIVABLES CAMPESINADO CARACTERÍSTICA
0,6 % 51,1 % 86 % Se encuentran en la pobreza
78,6 % 5,2 % 92 % Del total de los campesinos pobres están en la indigencia
Los brasileros y chinos estan interesados en comprar unas 400.000 hectáreas para la siembra de arroz en el piedemonte llanero. Los chinos emplearían todos los utensilios, insumos, herbicidas, abonos y otros traídos de su país, de esa manera evitan incrementar el mercado colombiano, pues su progreso está en relación directa a los capitales que engruesen el producto interno bruto de ese país, por eso procuran favorecer lo menos posible a Colombia.
La multinacional Mónica Semillas es propietaria de unas 13 mil hectáreas en la altillanura oriental del país. Ésta ve como una talanquera a la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en su propósito de adquirir unas 300 mil hectáreas más en los llanos orientales.
El gobierno de Colombia pretende eliminar la UAF en cumplimiento de las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, a la vez adelantó una inversión pública en infraestructura vial y de navegación fluvial del Gobierno de Uribe en beneficio de esa multinacional, a la que le proporcionó de manera graciosa, según el representante a la Cámara, Hernando Hernández Tapasco, subsidios de Agro Ingreso Seguro (AIS) y a la vez denuncia ese congresista que el Partido de la U manifestó: «Que una reina y uno que otro paramilitar se quedaran con recursos de AIS es de menor importancia»
Eso nos muestra la tendencia del desarrollo de la producción agraria, sin lugar a dudas, que se hace a las malas iniciando con las agresiones de las fuerzas paramilitares y consolidación de la política de la «Seguridad Democrática» o se hace a las buenas, a través de la entrega ilegal de las tierras del campesinado a las multinacionales. En todo caso el resultado es el mismo, el dejar al campesinado y a los colombianos en la miseria, hambre y desolación
En el municipio de Cachipay de la Provincia del Tequendama se presenta desde mediados del año una situación de hostigamiento paramilitar en ascenso a la población campesina. Encontramos proyectos de las multinacionales de apropiación de fuentes de agua que están anunciándose en las provincias del Tequendama y Sumapaz, complementados con un plan de logística de la Comisión Regional de Competitividad Bogotá y Cundinamarca, soportada en las cadenas productivas de exportación e importación, que en lo fundamental son manejadas por entidades multinacionales en el futuro manejo del mercado alimentario y apropiación de aguas.
Las dinámicas agropecuarias en Bogotá
Hay consideraciones hacia la garantía de mayores ingresos y mejores condiciones de vida a los productores campesinos, en busca del fomento a la producción y a la participación de la organización campesina y la defensa del territorio rural en el Distrito Capital, donde se impulsen las formas de gestión social ambiental, priorizando la actividad en zonas de reserva campesina. 121 mil hectáreas deben articularse, en un proceso de conservación de áreas protegidas, de estímulo a la producción de alimentos y reducción de los precios al consumidor. Proyecto que en esta legislación pasará a la plenaria del cabildo distrital para su aprobación.
Se adelantan, por parte de la Corporación estudios para determinar posibles áreas geográficas en el territorio rural donde, según ellos, se deben crear zonas de reserva campesina. Adelantarán unas asesorías y capacitación a la organización agraria, respetando su autonomía, cosa que a la fecha no es tan cierta. Se interesan por dar un impulso a la participación activa y efectiva de las organizaciones campesinas en la red de asentamientos rurales. La idea es que la CTC exija en esos espacios de decisión y desarrollo de la política pública de ruralidad distrital una presencia de la organización campesina con poder de decisión efectivo y permanente.
Actividades de la CTC seccional Bogotá y Cundinamarca en 2010 y 2011
La recopilación de información agraria se ha ido clasificando, máxime cuando el sector rural enfrenta como nunca nuevos desafíos para el campesinado y para los pequeños, medios e inclusive grandes productores y agroindustriales nacionales. Es el caso de la industria de productos lácteos, ´de ganado tipo carne, de granos y oleaginosas. En fin el listado es extenso.
La extensión agresiva de la explotación minera energética hace que las explotaciones se encuentren por la absoluta mayoría de los departamentos de Colombia, en las llanuras la producción de agro combustibles, en los valles la producción de caña de azúcar, con lo cual la producción en el sector rural se destina de manera prioritaria a la producción de combustibles. Eso significa que el interés de la producción en el campo no es a lograr el auto abastecimiento alimentario del país. Base fundamental de cualquier política de seguridad alimentaria. La seguridad que se busca por el gran capital es la producción de alimentos para el suministro de aditivos a los combustibles.
La situación descrita nos muestra que la peor desgracia para un país dependiente y sojuzgado es tener riquezas mineras, pues los países industrializados, con el concurso de sus multinacionales, se arrogan el derecho a apropiarse aprecios irrisorios de las riquezas de los países sojuzgados, bajo la figura leonina de las concesiones.
Hemos venido adelantando una actividad desde octubre de 2010 en los sectores minero energéticos, cuando derrotamos la tendencia que se oponía a organizar el sector de los campesinos mineros o mineros artesanales en el XXVI Congreso de la CTC. Esa tendencia favorable a los intereses de las multinacionales mineras está encabezada por el grupo autodenominado Moir Línea Francisco Mosquera, ha venido quedando desenmascarando su acción anti obrera y anti nacional. Por esa razón fue expulsado ese grupo de la organización bancaria afiliada a la CTC. En el sector rural esa tendencia mantiene una actividad muy dinámica en el municipio cundinamarqués de Cachipay. Esa tendencia a la vez señala a los compañeros de Adusep Soacha como guerrilleros camuflados. Esa acusación jamás pudo demostrarla la dirigente de ese grupo del Moir, señora María Esperanza Beltrán Duarte, que labora en una multinacional ubicada en el parque industrial que limita con el antiguo camino a Engativá entre la avenida el Dorado y el barrio Los Álamos.
A esa señora y a su leal acompañante, Sonia Galindo, las llamamos para que aclararan sus señalamientos contra la dirigencia de Soacha y ante las autoridades del municipio, pero jamás asistieron a ninguna de esas citaciones que les hicimos. Es necesario recabar: Adusep y Sintragroes siempre hemos condenado la violencia terrorista, venga de donde viniere.
Hoy la «Acción de Unidad Socioeconómica Popular adelanta una ingente actividad en defensa del derecho a la salud y a la calidad de vida en distintas localidades de Bogotá y desenvuelve su dinámica desde los mandatos de las sucesivas asambleas distritales convocadas anualmente, hace más de un lustro, por las comunidades y la secretaría distrital de salud. El trabajo conjunto Adusep–Sintragroes nos permite manejar las temáticas: agraria y salud.
Haber superado el escollo de la prohibición del trabajo con los campesinos mineros presentado en el XXV Congreso de la CTC, producto del sabotaje al trabajo entonces. Sabotaje adelantado por un sector favorable al régimen que hoy se ha quedado mudo y reducido a cuatro personas en la Confederación.
En Bogotá y Cundinamarca a finales de 2010 estuvimos en los municipios de Junín, provincia del Guavio, municipio cercano a donde se está explotando las minas de hierro en el municipio de Ubalá. La propietaria de esa mina es Paz de Río.
A comienzos del año de 2010 estuvimos en los municipios de Ubaté y Cucunubá —palabra muisca que significa «semejanza de cara»—, ésta es la tierra que vio nacer a Jorge Eliecer Gaitán por allá en 1898, se encuentra en la provincia del Valle de Ubaté y la población, casi en su totalidad, se dedica a la explotación de las minas de carbón en sus 129 bocaminas, que producen cerca 48.000 toneladas mes, algo así como el 43 % del carbón que produce el departamento de Cundinamarca. En la economía del municipio el carbón ocupa un 70 % de la economía del municipio y la ganadería el 15 % y la producción minifundista el 10 %, un 2,5 % areneras, receberas y chircales para la producción de ladrillo. El 2 % en comercio interno del municipio de medios de consumo y el 0,5 % en artesanías.
Los desastres producidos por las lluvias en algunos municipios de la Sabana de Bogotá —Mosquera, Funza– y en las áreas rurales de algunas de las localidades de Bogotá —Chapinero, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Usme producto, en lo fundamental, de la falta de prevención y corrupción perenne en licitaciones, contrataciones y otras de administraciones ineficientes.
SOBRE LAS ZONAS RURALES
* El área rural de Bogotá corresponde a 121.070 hectáreas, mientras que las zonas urbanas cuentan tan sólo con 42.591; sin embargo, en el área rural habitan sólo 15 mil habitantes de los 6.8 millones de bogotanos censados por el DANE.
* Las localidades con mayor cantidad porcentual de predios rurales son: Usme 24%, Ciudad Bolívar 24%, Sumapaz 16% y Suba 15%. El 21% restante corresponde a Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usaquén y Bosa en respectivo orden
* Según el Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria, las áreas rurales del Distrito Capital, aportan menos del 1% del consumo de alimentos de la ciudad .
El acuerdo que cursa en el Concejo de Bogotá tiene como objetivo la protección de las zonas rurales de los procesos ilegales de expansión urbana, el fortalecimiento a las personas en el manejo apropiado de dichas áreas, al igual que “la disminución de los índices de pobreza, el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida, el ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, (sin olvidar) la función social y ecológica de la propiedad” .
Si la capital es el principal mercado de alimentos del país y, de sus 121.070 Ha solo abastecen el 1 % de los alimentos ahí consumidos, muestra el fracaso de los planes distritales en materia de la ley de política pública de ruralidad, cuando éstos son opacados por el comercio urbanístico. Ese es un campo a explorar por parte de la CTC Bogotá y Cundinamarca.
Actividades que podríamos impulsar en otros departamentos, en el país y fuera de él
Tenemos invitaciones al sector rural de los municipios de Puente Nacional en Santander, donde se inicia el embate de las exploraciones petroleras. Encontrándonos con barreras de acceso a la información sobre las regalías a los municipios y pago a los propietarios expropiados.
En la Costa Atlántica las dinámicas de Festracol deben confrontar el desafío de impulsar el juicio de responsabilidades a los sectores negligentes con la política de prevención de desastres, máxime cuando el fenómeno de la niña fue anunciado con un semestre de antelación. Eso permitió un aumento en las tragedias anunciadas por las mismas comunidades, como es el caso ocurrido en el Canal del Dique. La prueba es que ahora si hay cómo arreglar ese canal en medio de las aguas desbordadas de las copiosas lluvias.
Esa tarea aun está por hacerse. La idea no es llover sobre mojado, sino adelantar una actividad que prevenga las tragedias futuras, que se van a dar por el calentamiento global y por la negativa de países como Estados Unidos, China, Brasil a firmar los acuerdos internacionales, como es el de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático el 11 de diciembre de 2010 en Cancún (México), donde Japón manifestó que no seguiría firmando esos documentos. Significando esa decisión que el gran capital le tiene sin cuidado el que sigan ocurriendo desgracias humanas, lo único que le preocupa es que no le ocurran desgracias al gran capital, que se reflejan en la mayor frecuencia con que ocurren las crisis económicas en el mundo. Por eso ni la propuesta de no sobrepasar 1,5 °C en el calentamiento global ni la de fijar compromisos para la reducción en la emisión de gases se logró, pues eso quebraría a las empresas petroleras. Empresas que subsisten gracias a que se suspendió la producción de energía obtenida a partir del agua, del helio, del aíre de la atmósfera, de la electricidad que hizo obsoletos los motores de combustión hace ya más de medio siglo. Pero esos descubrimientos han sido expresados en la destrucción de millones de vehículos eléctricos, de hidrógeno y otros, producidos hace años por la Ford, Toyota, Nissan y otras empresas automovilísticas. Pues la mafia del petróleo solo vive a costa de la destrucción ambiental, que se lleva a más de mil millones de habitantes a las hambrunas, a otros mil millones los amenaza con los cambios climáticos, pues para el mundo financiero el capital está, como vimos más arriba, sobre el derecho a la vida. Esa realidad debemos hacerla entender con claridad a toda la población colombiana y a buscar la integración de las organizaciones hermanas en el planeta.
Esa es una tarea que puede adelantar la CTC y, seguramente logrará muchos adeptos en el país y fuera de él. ¿Cómo comenzar esa tarea? Denunciando los contratos leoninos con las multinacionales en la explotación de recursos mineros energéticos en Colombia, a fin de lograr la solidaridad de los pueblos del mundo, con la idea de evitar esos crímenes ambientales contra los páramos y parques ecológicos de nuestro país.
Quienes desempeñamos cargos en la dirección nacional de la CTC asumimos, con ese hecho, una responsabilidad de actualidad, la de orientar el debate nacional contra la agresión imperialista en nuestro país, donde el primer paso debe ser la conformación de una escuela itinerante de formación político social, construida con base en el análisis de las causas y efectos de los problemas colombianos y con la búsqueda de salidas del tamaño de aquéllos, desde una visión de totalidad y una conciencia meridianamente clara por cambiar ese estado de cosas.
Teniendo el marco general podemos asumir las tareas concretas de acción emancipadora
1. La escuela itinerante estará ubicada en el campo social y será la base de la difusión de la teoría de la clase obrera, de la pedagogía de la emancipación y el método dialéctico
2. La generación de procesos de organización en acciones por rama de actividad económica o sindicatos de industria que le den salidas a la lucha reivindicativa del ejercito de trabajadores subcontratados —tercerización, cooperativas de trabajo asociado, empresas temporales y otras formas de bolsas de empleo— que impiden el acceso al trabajo decente
3. Organizar al sector rural por ramas de actividad económica, como es la economía solidaria —economía minifundista, pequeños y medianos procesadores de alimentos y materias primas agropecuarias, impulsores de la agricultura urbana, pequeños y medianos comerciantes de alimentos, pymes de conservación y procesamiento de alimentos, acopiadores de las Centrales de Abastos que están siendo perseguidos por los hipermercados con la mirada obsecuente del Estado—, pues la idea es competir con el régimen de manera armónica, dejando a un lado la desarticulación de los sectores productivos, desde la creación de cadenas integradas e intercomunicadas populares que cobijen el ciclo de producción, transformación, distribución, cambio y consumo
4. Adelantar las reuniones en la seccional Bogotá y Cundinamarca con la estrategia de una mirada que le quepa la ciudad y el departamento a toda la dirigencia de la seccional y actúe, no tanto desde su particularidad sindical, sino como un cuerpo vocero de la CTC que aglutina y orienta la lucha organizada por ramas de producción, en una constante crítica al modelo de desarrollo y a sus políticas públicas de transporte, salud, participación y otras
5. Hacer de la seccional Bogotá y Cundinamarca un foro permanente de debate sobre los problemas colombianos y sobre la búsqueda de soluciones del tamaño de esos problemas, aglutinando a los trabajadores y al pueblo en general alrededor de esos problemas, a fin de que pierdan el miedo a enfrentarlos, así irán asumiendo cada vez más un papel protagónico amplio y complejo en la discusión sobre las grandes decisiones nacionales, como es la instauración de una nueva formación económico social de corte democrático y popular
6. Adelanto de un balance de las actividades de cada una de las diez secretarías ejecutivas de la CTC seccional Bogotá y Cundinamarca coordinadas por la vicepresidencia, donde el debate de ese cuerpo colegiado, debe dar salidas colectivas a temas tan importantes como:
Secretarías Ejecutivas CTC Seccional Bogotá y Cundinamarca
S. Organización Sindical en Bogotá y Cundinamarca Sintraidu
S. Educación Formación y educación sindical y popular Sintrabrinks
S. de la Mujer Políticas con mirada de género Sindefonahorro
S. Relaciones Públicas Con entidades públicas y privadas Asdeber
S. Seguridad Social Exigibilidad al derecho a la salud Sinaltraeses
S. Niñez y Juventud Exigibilidad de los derechos del niño y jóvenes Asimujer
S. Transporte Derecho a la movilidad y al trabajo Sintracitp
S. Asuntos Agrarios Reforma agraria integral y democrática Sintragroes
S. Servidores Públicos Exigibilidad de la garantía de los derechos a la población Sinserpub
S. Trabajadores Independientes Generación de empresas de economía solidaria e informal Sintracoonal
S. Asuntos Laborales Exigibilidad a la garantía del derecho al trabajo decente Sintravecol
S. Asuntos Politicos Exigibilidad al derecho de libre asociación y participación política Aceb
7. De esa forma se irá configurando el plan de trabajo de 2011 de la CTC Bogotá y Cundinamarca y el programa de acción en el corazón del país
8. Las dinámicas de la seccional Bogotá y Cundinamarca deberán sintetizarse a fin de ser publicadas en piezas comunicativas escritas y magnéticas que debe estar como un Link en el Sitio Web de la CTC, y en la difusión con las comunidades debe acompañarse ese material con cartillas, audiovisuales y otros afines
9. La posibilidad de elaborar diez investigaciones durante el año de 2011 nos permitiría conformar de una parte la escuela de formación y de otra crear el dentro de investigación y documentación social de la CTC Bogotá y Cundinamarca
10. El criterio de trabajo para el adelanto de tan ingente tarea es el de ir conformando el frente de resistencia civil al modelo de desarrollo de recolonización económica del país más amplio y diverso, que a la vez vaya elaborando un modelo de desarrollo y una sociedad de corte nacional, democrático y popular
11. Adelantar un seguimiento de la política pública distrital agraria, con sus complementos directos: zonas de reserva campesina, plan maestro de abastecimiento y alimentación y seguridad alimentaria, comedores integrales comunitarios, agricultura urbana, centrales de abastos y de comercialización directa productor consumidor
12. Adelantar la crítica las denominadas locomotoras del plan de gobierno del gobierno de Juan Manuel Santos —minería, infraestructura, vivienda, ruralidad e innovación— y de la promoción de la resistencia civil a la implementación de las leyes de salud, de ley estatutaria de salud, de reforma tributaria y, sobre todo, contra el acto legislativo que pretende elevar a derecho fundamental el equilibrio fiscal estatal
Borrador a presentar para su aprobación, ajuste o cambio argumentado en la primera reunión de la seccional CTC Bogotá y Cundinamarca el día veintiséis (26) de enero (1) del año de 2011.
ANEXO 1
El regreso de las tierras a sus dueños. Artículo de María Elvira Bonilla
Enero 24 de 2011 | 06:01 AM. | Noticias
Chivolo parecía ser un nombre maldito. Se convirtió en uno de los símbolos del despojo a los campesinos por grupos paramilitares con la complicidad de funcionarios del Estado.
Allí, en parcelas que el Incora les había titulado en 1991, inició el paramilitar Jorge 40 el control a sangre y fuego del departamento del Magdalena. El 15 de julio de 1997 reunió en un rancho en la finca La Pola, en Chivolo, a los dueños de esa y otras fincas vecinas, como La Palizua y El Encanto, y les ordenó desalojar sus parcelas porque “las necesitaba para abrir la zona”. Convirtió la zona en un lugar estratégico e instaló allí su bastión paramilitar.
Pero también político. En marzo de 2001 firmaron el Pacto de Chivolo en una reunión de 400 líderes políticos de la región en la que Jorge 40 designó como candidato único para la Gobernación del Magdalena a José Domingo Dávila Armenta y señaló los candidatos para la Asamblea, concejos y alcaldías de 13 municipios. En esta reunión quedó definida la estrategia electoral para la contienda de 2002, en la que Álvaro Uribe llegó a la Presidencia y se conformó un Congreso con el 30% de representación paramilitar.
Fue tal el atropello, que Jorge 40, a pesar de haberse negado a colaborar en los procesos de Justicia y Paz, reconoció en las primeras audiencias haber ordenado el desalojo violento de los campesinos de Chivolo. A este horror se suma la manera fraudulenta y abusiva como funcionarios del recién creado Incoder, en 2003 les formalizaron los títulos a los nuevos propietarios. A través de un procedimiento administrativo declararon la caducidad de las primeras adjudicaciones aduciendo abandono de las tierras por parte de los beneficiarios, a sabiendas de la manera forzosa y violenta como debieron hacerlo, y mediante nuevas resoluciones las re adjudicaron a individuos como Tuto Castro, vinculados a Jorge 40. El director del Incoder de entonces era Jaime Maroso, muy cercano a Álvaro Uribe, del grupo de ganaderos vecinos del Ubérrimo en Córdoba.
Los funcionarios que actuaron directamente pertenecían a la regional del Magdalena y quienes no hayan sido aún judicializados, con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la semana pasada terminarán en la cárcel. Ésta le ordena a la Fiscalía la apertura de instrucción por concierto para delinquir, testaferrato, enriquecimiento ilícito, falsedad, prevaricato, fraude procesal y demás delitos a quienes participaron de este despojo.
En un mes las 36 familias recuperarán sus tierras. Chivolo puede convertirse en el primer caso emblemático de la política de restitución de tierras en la que está empeñado el Gobierno Nacional en cabeza del Incoder. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia que exige la devolución de los predios en 30 días es un espaldarazo a la tarea que se ha emprendido y la blinda de cuestionamientos como los que se ha empeñado en hacer el presidente Uribe y su escudero el exministro Andrés Felipe Arias, cuando fue precisamente durante su ministerio cuando la modalidad de Chivolo se replicó en más de una región del país. Los paramilitares lograron hacer de las tierras campesinas su botín de guerra y el Estado se hizo el de la vista gorda.
Gonzalo Wohlmeyer Gómez
Bogotá, 26 de enero de 2011
Involucrémonos en actividades de resistencia sindical, cívica y popular campo-ciudad
Encontramos una bajamar en las actividades de la organización rural y un ascenso de las dinámicas foráneas por la explotación de agro combustibles en millones de hectáreas, saqueo de recursos naturales minero energéticos en vastos campos, bosques y parques ambientales de Colombia, mientras nuevos procesos populares, como ocurrió en la movilización del 18 de noviembre de 2010 en Bucaramanga por la rabiosa agresión de las empresas mineras contra las poblaciones ubicadas en las áreas de exploración y explotación. Generó el grito del lema de lucha popular: «No queremos oro, no queremos mina, queremos agua pura y limpia»
Diversos sectores —sociales, entidades privadas de profesionales e investigadores, entidades públicas y privadas (académicas, Fenalco, entre otras) sindicatos y grupos políticos— se movilizaron el 18 de noviembre de 2010 para exigir al Gobierno Nacional, al Ministerio del Medio Ambiente y a la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) la negación del otorgamiento de la licencia ambiental a la multinacional canadiense «Greystar Resources Ltd» para la explotación de oro y plata en el Páramo de San Turbán. Ante la inminencia del envenenamiento del agua por el uso diario de 40 toneladas de cianuro, afectando a unas 63 mil familias del área metropolitana de Bucaramanga. La CDMB debió sancionar en días pasados a esa multinacional por los malos manejos que ya hace de las aguas ácidas y desechos sólidos, producto de sus actividades, apenas en la etapa exploratoria.
En cuanto a la garantía del derecho al agua, la humanidad ha privilegiado el consumo de ésta para la satisfacción de las necesidades básicas humanas sobre las de explotación. Es decir, el Estado colombiano debe privilegiar los intereses de la población en el uso del agua para el acueducto metropolitano en Bucaramanga y municipios potencialmente afectados de la región sobre los intereses de la multinacional canadiense. Sobre esos conceptos del derecho internacional, suscrito por Colombia, los manifestantes exigieron a la gobernación de Santander la protección del páramo de San Turbán. Pues de no proteger esa fuente de recursos hídricos de manera clara y precisa, la población quedaría a merced de la fiebre del oro de los canadienses. En el ciberespacio aparece la «Greystar Colombia», al ser los dueños de la concesión por la que está compitiendo, con el visto bueno del Gobierno colombiano, con voces negativas en el Congreso de la República. La explotación minera industrial, por sus actividades de descapotado es imposible que sea sostenible y, comprometerse a ello es una franca irresponsabilidad. Irresponsabilidad vista por el Gobierno con una antipatriota obsecuencia.
De ahí la arrogancia de la multinacional contra el derecho al agua de quienes habitan ese sector y, por ello, los habitantes de los campos afectados están condenados por la acción de la Greystar a morir de sed o envenenados. Eso ha suscitado que en el mismo Congreso de la República haya sectores que exijan al presidente Santos negar el otorgamiento de esa licencia minera ante el desastre humanitario y ambiental que allí se ocasionaría.
Promovamos la articulación de los nuevos procesos populares en acciones más colectivas
La mina la Colosa en Cajamarca (Tolima) y la explotación carbonífera en el Páramo El Almorzadero (Santander) presentan situaciones similares. La explotación de oro de La Colosa afecta a la población de Cajamarca y once municipios más en Tolima, Quindío y Valle. En esa misma área de explotación se encuentra el volcán El Machín, con un incremento en su actividad en los últimos días, superior a las acostumbradas. Fenómeno que podría estar relacionado con las actividades de exploración, ya en ejecución. Allí las acciones ininterrumpidas de resistencia popular contra el daño ambiental causado por la explotación carbonífera, que afectaría a varios municipios de la Provincia de García Rovira (Santander) La experiencia de resistencia popular, ha mostrado que una de las estrategias más accesibles es la creación de zonas de reserva campesina. Con ello se ha logrado la defensa del territorio ante la amenaza de las concesiones mineras del Estado a multinacionales que vienen a explotar el carbón y diamantes de esa mina a cielo abierto. El caso emblemático ha sido la lucha a través de la norma que crea las zonas de reserva campesina por la salvación del Cerro de «El Almorzadero» hace ya más de una década.
La CTC debe propender porque la organización sindical oriente la lucha en defensa del patrimonio, medio ambiente, producción y soberanía nacionales, por la garantía del acceso pleno de los derechos fundamentales y conexos de la población de manera integral. Por esa razón, la tarea debe trascender la solicitud de algunos congresistas para la denegación de la licencia a la explotación de oro y plata en el páramo San Turbán, apenas en la parte del departamento de Norte de Santander. Es absurdo, también debe prohibirse esa explotación del páramo que se encuentra ubicada en el departamento de Santander. Esa denegación de licencias debe extenderse a las explotaciones de La Colosa en el volcán de El Machín, El Almorzadero y en todas explotaciones mineras energéticas que se estén licitando en el país.
La razón es simple. En todas esas explotaciones se hacen a un lado la prevención de las consecuencias que pudieran ocasionar a la economía del país en el futuro, por unas exiguas regalías que apenas le quedan al país, las cuales no pasan del 5 % de los reportes de las extracciones que hacen las multinacionales. Reportes avalados por obsecuentes funcionarios. Es hora de levantar la bandera de la defensa del patrimonio público y ambiental, de la producción y soberanía nacionales. Donde se muestre el impacto negativo de la producción de agro combustibles, la extracción minero energética adelantada por empresas multinacionales, asentadas en la actualidad por unas seis millones de hectáreas del país.
Pues solo de una propuesta agraria, soportada en la comprensión de la totalidad de la problemática colombiana, podría ser defendida por vastos sectores de la población rural. Pues solo un trabajo que muestre y sustente las falencias de cuanta promesa electoral aparece, animaría un debate nacional de gran envergadura en este año de elecciones. Si logramos materializar en actas de compromiso de los candidatos en apoyo a las propuestas populares. El asunto es que carecemos de las propuestas elaboradas en materia de organización, de ciclos de producción, distribución, cambio y consumo. Pues solo entrando en los debates locales, municipales, distritales y nacional podríamos convertirnos en un actor determinante en la toma de las grandes, medianas y pequeñas decisiones nacionales.
El actual modelo de desarrollo del país se asemeja a la persona que para sobrevivir venden litros de su sangre. Logrando su propósito en cortos espacios de tiempo, pues ese desangre continuo le ocasiona una pronta muerte por inanición. Ese es el contenido de la locomotora de la minería defendida por el señor Santos, la de acabar con cuanto yacimiento minero haya, así para ello deba llevarse todos los páramos o fuentes de agua y la vegetación que encuentre a su paso en el país, con lo que en pocos años apenas quedarían tierras desérticas y perdiendo la oportunidad de aprovechar nosotros mismos, los colombianos, en vez de subastarlas a menos precios a otros países. Entraremos en una situación tal que no habrá a que echarle mano. Será cuando las hambrunas arreciarán por todo el país, sin dinero para comprar alimentos y sin tierras cultivables, pues estarán en manos de norteamericanos, chinos, brasileros. En fin la suerte está echada. Es momento de reaccionar contra ese panorama tan lamentable.
Debemos adelantar una autocrítica a nuestro actuar por lo escaso de resultados positivos
El movimiento sindical atraviesa por una serie de situaciones adversas. a) unas virulentas contradicciones internas de sectores de la CUT, correspondientes al endoso que le hace el Polo Democrático Alternativo de sus enormes contradicciones burocráticas a esa Central, según las propias manifestaciones por los medios escritos de la Central Unitaria de Trabajadores. b) El espaldarazo que los medios masivos de comunicación le han brindado a la CGT, en cabeza de Julio Roberto Gómez. Es la forma de resarcir la obsecuencia de esa Central que se aleja de los intereses de los trabajadores y se pone de lado de los intereses de la oligarquía ramplona, acompañada con fidelidad por el reconocido esquirol, Angelino Garzón. Esas dos situaciones, la de la posible división en la CUT y la actitud quintacolumnista de la CGT en el movimiento obrero colombiano podría afectar a la CTC, donde personas contrarias a la «liberación obrera» vean con ojos de admiración el apoyo institucional a personas desleales que están al servicio de la oligarquía, en su propósito de condenar al pueblo de Colombia al hambre miseria y desolación. Esas críticas por la escasa convocatoria que los medios de comunicación le hacen a la CTC rayan en posiciones oportunistas y y anti patriotas, pues ponerse del lado del régimen es ponerse del lado de los intereses de las multinacionales y en contra del pueblo de Colombia. La unidad de los trabajadores debe darse alrededor del análisis de la situación concreta vivida por el país en los factores de unidad que han ido configurándose. En momento alguno en la crítica desubicada a la CTC, pues ésta ha sido recta, distinta por principio y dignidad a la CGT.
Privilegiando el régimen a la CGT de una parte incrementa la división en el movimiento obrero y de otra coloca a esa central en contra de los intereses de los trabajadores y a favor de los del gran capital. El premio a las traiciones de la CGT sería el nombramiento del Julio Roberto Gómez en el por resucitar Ministerio de Trabajo u otro que haga sus veces.
La nueva administración del Estado busca profundizar el modelo de «apertura» económica y privatizaciones —léase «recolonización» económica—, desde sus: «cinco locomotoras de crecimiento o cinco ejes programáticos» —Vivienda, infraestructura, minería, agrícola e innovación—, sin que a la fecha conozcamos un pronunciamiento crítico a profundidad de las centrales sobre esa propuesta gubernamental. Esa crítica la debe encabezar la CTC y sectores democráticos del país hacia el primer trimestre de 2011. Crítica construida de manera colectiva, desde un material de discusión, pliego o mandato ciudadano por la Salvación de Colombia.
Si bien las salidas teóricas tienen un inmenso valor, como es la de servir de guía para la acción, debemos acompañarla en su unidad dialéctica, teoría y práctica, pues la práctica además de actuar como su parte determinante, cumple el papel de corrector teórico permanente. La acción práctica inicial sería la incursión por parte de la CTC, en la formación de sindicatos de industria o por rama de actividad económica. Esa es una salida práctica a la organización de los trabajadores informales o vinculados al campo laboral a través de la tercerización.
Ahora se presagian los descuentos de salarios para los trabajadores del Estado que, tal vez, no lleguen a los damnificados, donde se anuncia además el incremento del cuatro al cinco por mil, a fin de atender las situaciones de desastre y emergencias. En fin, se da toda una serie de ajuste a las activas exacciones, supuestamente transitorias –para implantarlas– y luego se convierten en permanentes —luego de implantadas—, pues nos encontramos en un mundo donde cada vez son más frecuentes las crisis, que se descargan en los hombros de las poblaciones para asegurarle a las multinacionales el no descenso de sus ingentes ganancias. A eso es a lo que se le llama subsidiar al imperialismo con el patrimonio público nacional y el trabajo del pueblo.
Todos esos elementos nos deben motivar a incursionar en la toma de una conciencia de clase bien definida, avanzando así en la fuerza de las convicciones, construcción y organización de una nueva formación económica social, a implementar, con la convicción de la fuerza popular.
Elaboremos una pedagogía de la emancipación con una escuela de pensamiento alternativo
El primer paso para la incursión en el campo de la ideologización es el traducir la realidad en términos sencillos acerca de las razones materiales de la actividad productiva y el entorno político cultural de las condiciones en que ella misma se desenvuelve. Pues hay fenómenos que a simple vista no se asimilan en su real dimensión socioeconómica. Veamos:
Caso 1. En el año 2010 la producción industrial subió durante los primeros nueve meses del año apenas 2,8 %, cuando se preveía un incremento de un 4,5 para todo el año, sin embargo, las ventas del comercio ascendieron en ese mismo lapso de tiempo en un 18,6 % El consumo se incrementó al presentarse una menor incertidumbre laboral y un mayor acceso a los préstamos –vehículos, motos, autopartes, electrodomésticos, otros–, llegando a generar esa situación transitoria algunas variaciones en los hábitos de consumo de gruesos sectores en los distintos grupos poblacionales.
Los bienes demandados en su mayoría fueron productos procedentes de las importaciones, productos que se hicieron más accesibles ante la devaluación acelerada del dólar. Aquí se muestra la tendencia del Estado, cuando en momento alguno se preocupó por terciar hacia la priorización de la compra por parte de la ciudadanía de lo útil y necesario, si en realidad se quiere, por parte del régimen, del progreso ascendente de la Nación. Eso ya lo recomendaba en el siglo XVIII y XIX los ideólogos del liberalismo clásico, los economistas británicos Adam Smith y David Ricardo, creadores de la economía y de la macroeconomía respectivamente.
Eso muestra la tendencia patrocinada por el mismo Estado de priorizar el consumo de medios de consumo, haciendo a un lado la utilidad y la necesidad de acrecentar el consumo de medios de producción, con miras a hacer más competitivo el país en el concierto del mercado interno y externo, con el apoyo de la innovación técnico científica e industrial.
Según los parámetros burgueses el consumo directo, es el de satisfacción de las necesidades humanas básicas y el indirecto el que estimula el aparato productivo. El primero es el que genera la acumulación de capitales simples que no incrementan el volumen de inversión para fortalecer la industrialización. Por esa razón son el sustento de un bienestar relativo. La priorización de la importación de bienes de capital favorece y potencia el proceso productivo.
Lo anterior significa que el Estado prioriza la producción hacia afuera para abastecerse de los medios de consumo de afuera y favoreciendo el aparato productivo de bienes de producción extranjeros, como es obvio, en condiciones desventajosas para los nacionales que son sometidos a una competencia desleal. Lo cual agrava la torpeza de no fortalecer el mercado interno con la producción de bienes de capital o producción de medios de producción. La razón es el ansia del Estado por desindustrializar el aparato productivo nacional en la ciudad y el campo. Permitir a las multinacionales copar el mercado interno nacional y a la vez entregar las concesiones minero-energéticas para sostener la máquina del Estado, con sus dos componentes principales: la burocracia y las fuerzas armadas. Por ser éstas las garantes del poder de la clase dominante sobre el pueblo explotado. En términos coloquiales eso es vender el país para pasarla bien y a la espera de las migajas que el imperialismo les deje a sus capataces en las corporaciones de elección popular en el país a cambio de la miseria del pueblo.
El Estado posiciona al capital financiero internacional y desarticula al capital colombiano
En estos momentos, según cifras oficiales de entidades públicas y privadas, en promedio hay unas cuatro millones de personas víctimas del desplazamiento interno, ocasionado por la violencia política, económica y militar. Tres mil falsos positivos —según datos de la Fiscalía, que muestran, a la vez, un 99 % de impunidad—, 38.255 personas desaparecidas en los últimos tres años. 4.293 violaciones a los derechos fundamentales de los sindicalistas en los ocho años aciagos de la Administración de Álvaro Uribe, según datos de la Escuela Nacional Sindical, además durante ese período, se han amenazado a 2.513 trabajadores, se han asesinado 528, hay aun 33 desaparecidos, 534 desplazamientos forzados de trabajadores, 295 detenciones arbitrarias, 231 hostigamientos. En el año de 2010 fueron asesinados 41 sindicalistas.
Seis millones de hectáreas le han sido usurpadas con métodos violentos al campesinado colombiano. Donde la característica, según materiales publicados por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el ejército dispara y luego incrimina y, de esa acción no se salvan ni los niños, que antes de ser asesinados son violados y torturados según las denuncias de los campesinos contra el ejército colombiano. Es el espantoso caso de la violación de una niña en Tame Arauca que luego fue asesinada junto con sus dos hermanitos. En ese contexto el gobierno presentará un proyecto de ley de devolución de tierras mientras en distintas partes del país —amenazan, capturan, amarran a un árbol a los dirigentes de los movimientos por la recuperación de sus tierras, allí los torturan y luego los asesinan a piedra— a quienes adelantan actividades para reclamarlas. Ese hecho no debemos obviarlo de nuestro análisis de la situación vivida en vastas regiones de los campos colombianos.
El 22 de septiembre de 2010 la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció amenazas contra la población desplazada que luchan por recuperar sus tierras . Los ex paramilitares apenas han devuelto 6.600 hectáreas de más de 5 millones que les arrebataron. El ex paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri -ahora en el exterior y testigo protegido de la Fiscalía-, contó cómo se apoderaron de la tierra las autodefensas y sus socios: «Unos iban matando, otros comprando y otros legalizando»
DATOS SUMINISTRADOS EN UN DEBATE EN LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE COLOMBIA
PROPIETARIOS RURALES TIERRAS CULTIVABLES CAMPESINADO CARACTERÍSTICA
0,6 % 51,1 % 86 % Se encuentran en la pobreza
78,6 % 5,2 % 92 % Del total de los campesinos pobres están en la indigencia
Los brasileros y chinos estan interesados en comprar unas 400.000 hectáreas para la siembra de arroz en el piedemonte llanero. Los chinos emplearían todos los utensilios, insumos, herbicidas, abonos y otros traídos de su país, de esa manera evitan incrementar el mercado colombiano, pues su progreso está en relación directa a los capitales que engruesen el producto interno bruto de ese país, por eso procuran favorecer lo menos posible a Colombia.
La multinacional Mónica Semillas es propietaria de unas 13 mil hectáreas en la altillanura oriental del país. Ésta ve como una talanquera a la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en su propósito de adquirir unas 300 mil hectáreas más en los llanos orientales.
El gobierno de Colombia pretende eliminar la UAF en cumplimiento de las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, a la vez adelantó una inversión pública en infraestructura vial y de navegación fluvial del Gobierno de Uribe en beneficio de esa multinacional, a la que le proporcionó de manera graciosa, según el representante a la Cámara, Hernando Hernández Tapasco, subsidios de Agro Ingreso Seguro (AIS) y a la vez denuncia ese congresista que el Partido de la U manifestó: «Que una reina y uno que otro paramilitar se quedaran con recursos de AIS es de menor importancia»
Eso nos muestra la tendencia del desarrollo de la producción agraria, sin lugar a dudas, que se hace a las malas iniciando con las agresiones de las fuerzas paramilitares y consolidación de la política de la «Seguridad Democrática» o se hace a las buenas, a través de la entrega ilegal de las tierras del campesinado a las multinacionales. En todo caso el resultado es el mismo, el dejar al campesinado y a los colombianos en la miseria, hambre y desolación
En el municipio de Cachipay de la Provincia del Tequendama se presenta desde mediados del año una situación de hostigamiento paramilitar en ascenso a la población campesina. Encontramos proyectos de las multinacionales de apropiación de fuentes de agua que están anunciándose en las provincias del Tequendama y Sumapaz, complementados con un plan de logística de la Comisión Regional de Competitividad Bogotá y Cundinamarca, soportada en las cadenas productivas de exportación e importación, que en lo fundamental son manejadas por entidades multinacionales en el futuro manejo del mercado alimentario y apropiación de aguas.
Las dinámicas agropecuarias en Bogotá
Hay consideraciones hacia la garantía de mayores ingresos y mejores condiciones de vida a los productores campesinos, en busca del fomento a la producción y a la participación de la organización campesina y la defensa del territorio rural en el Distrito Capital, donde se impulsen las formas de gestión social ambiental, priorizando la actividad en zonas de reserva campesina. 121 mil hectáreas deben articularse, en un proceso de conservación de áreas protegidas, de estímulo a la producción de alimentos y reducción de los precios al consumidor. Proyecto que en esta legislación pasará a la plenaria del cabildo distrital para su aprobación.
Se adelantan, por parte de la Corporación estudios para determinar posibles áreas geográficas en el territorio rural donde, según ellos, se deben crear zonas de reserva campesina. Adelantarán unas asesorías y capacitación a la organización agraria, respetando su autonomía, cosa que a la fecha no es tan cierta. Se interesan por dar un impulso a la participación activa y efectiva de las organizaciones campesinas en la red de asentamientos rurales. La idea es que la CTC exija en esos espacios de decisión y desarrollo de la política pública de ruralidad distrital una presencia de la organización campesina con poder de decisión efectivo y permanente.
Actividades de la CTC seccional Bogotá y Cundinamarca en 2010 y 2011
La recopilación de información agraria se ha ido clasificando, máxime cuando el sector rural enfrenta como nunca nuevos desafíos para el campesinado y para los pequeños, medios e inclusive grandes productores y agroindustriales nacionales. Es el caso de la industria de productos lácteos, ´de ganado tipo carne, de granos y oleaginosas. En fin el listado es extenso.
La extensión agresiva de la explotación minera energética hace que las explotaciones se encuentren por la absoluta mayoría de los departamentos de Colombia, en las llanuras la producción de agro combustibles, en los valles la producción de caña de azúcar, con lo cual la producción en el sector rural se destina de manera prioritaria a la producción de combustibles. Eso significa que el interés de la producción en el campo no es a lograr el auto abastecimiento alimentario del país. Base fundamental de cualquier política de seguridad alimentaria. La seguridad que se busca por el gran capital es la producción de alimentos para el suministro de aditivos a los combustibles.
La situación descrita nos muestra que la peor desgracia para un país dependiente y sojuzgado es tener riquezas mineras, pues los países industrializados, con el concurso de sus multinacionales, se arrogan el derecho a apropiarse aprecios irrisorios de las riquezas de los países sojuzgados, bajo la figura leonina de las concesiones.
Hemos venido adelantando una actividad desde octubre de 2010 en los sectores minero energéticos, cuando derrotamos la tendencia que se oponía a organizar el sector de los campesinos mineros o mineros artesanales en el XXVI Congreso de la CTC. Esa tendencia favorable a los intereses de las multinacionales mineras está encabezada por el grupo autodenominado Moir Línea Francisco Mosquera, ha venido quedando desenmascarando su acción anti obrera y anti nacional. Por esa razón fue expulsado ese grupo de la organización bancaria afiliada a la CTC. En el sector rural esa tendencia mantiene una actividad muy dinámica en el municipio cundinamarqués de Cachipay. Esa tendencia a la vez señala a los compañeros de Adusep Soacha como guerrilleros camuflados. Esa acusación jamás pudo demostrarla la dirigente de ese grupo del Moir, señora María Esperanza Beltrán Duarte, que labora en una multinacional ubicada en el parque industrial que limita con el antiguo camino a Engativá entre la avenida el Dorado y el barrio Los Álamos.
A esa señora y a su leal acompañante, Sonia Galindo, las llamamos para que aclararan sus señalamientos contra la dirigencia de Soacha y ante las autoridades del municipio, pero jamás asistieron a ninguna de esas citaciones que les hicimos. Es necesario recabar: Adusep y Sintragroes siempre hemos condenado la violencia terrorista, venga de donde viniere.
Hoy la «Acción de Unidad Socioeconómica Popular adelanta una ingente actividad en defensa del derecho a la salud y a la calidad de vida en distintas localidades de Bogotá y desenvuelve su dinámica desde los mandatos de las sucesivas asambleas distritales convocadas anualmente, hace más de un lustro, por las comunidades y la secretaría distrital de salud. El trabajo conjunto Adusep–Sintragroes nos permite manejar las temáticas: agraria y salud.
Haber superado el escollo de la prohibición del trabajo con los campesinos mineros presentado en el XXV Congreso de la CTC, producto del sabotaje al trabajo entonces. Sabotaje adelantado por un sector favorable al régimen que hoy se ha quedado mudo y reducido a cuatro personas en la Confederación.
En Bogotá y Cundinamarca a finales de 2010 estuvimos en los municipios de Junín, provincia del Guavio, municipio cercano a donde se está explotando las minas de hierro en el municipio de Ubalá. La propietaria de esa mina es Paz de Río.
A comienzos del año de 2010 estuvimos en los municipios de Ubaté y Cucunubá —palabra muisca que significa «semejanza de cara»—, ésta es la tierra que vio nacer a Jorge Eliecer Gaitán por allá en 1898, se encuentra en la provincia del Valle de Ubaté y la población, casi en su totalidad, se dedica a la explotación de las minas de carbón en sus 129 bocaminas, que producen cerca 48.000 toneladas mes, algo así como el 43 % del carbón que produce el departamento de Cundinamarca. En la economía del municipio el carbón ocupa un 70 % de la economía del municipio y la ganadería el 15 % y la producción minifundista el 10 %, un 2,5 % areneras, receberas y chircales para la producción de ladrillo. El 2 % en comercio interno del municipio de medios de consumo y el 0,5 % en artesanías.
Los desastres producidos por las lluvias en algunos municipios de la Sabana de Bogotá —Mosquera, Funza– y en las áreas rurales de algunas de las localidades de Bogotá —Chapinero, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Usme producto, en lo fundamental, de la falta de prevención y corrupción perenne en licitaciones, contrataciones y otras de administraciones ineficientes.
SOBRE LAS ZONAS RURALES
* El área rural de Bogotá corresponde a 121.070 hectáreas, mientras que las zonas urbanas cuentan tan sólo con 42.591; sin embargo, en el área rural habitan sólo 15 mil habitantes de los 6.8 millones de bogotanos censados por el DANE.
* Las localidades con mayor cantidad porcentual de predios rurales son: Usme 24%, Ciudad Bolívar 24%, Sumapaz 16% y Suba 15%. El 21% restante corresponde a Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usaquén y Bosa en respectivo orden
* Según el Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria, las áreas rurales del Distrito Capital, aportan menos del 1% del consumo de alimentos de la ciudad .
El acuerdo que cursa en el Concejo de Bogotá tiene como objetivo la protección de las zonas rurales de los procesos ilegales de expansión urbana, el fortalecimiento a las personas en el manejo apropiado de dichas áreas, al igual que “la disminución de los índices de pobreza, el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida, el ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, (sin olvidar) la función social y ecológica de la propiedad” .
Si la capital es el principal mercado de alimentos del país y, de sus 121.070 Ha solo abastecen el 1 % de los alimentos ahí consumidos, muestra el fracaso de los planes distritales en materia de la ley de política pública de ruralidad, cuando éstos son opacados por el comercio urbanístico. Ese es un campo a explorar por parte de la CTC Bogotá y Cundinamarca.
Actividades que podríamos impulsar en otros departamentos, en el país y fuera de él
Tenemos invitaciones al sector rural de los municipios de Puente Nacional en Santander, donde se inicia el embate de las exploraciones petroleras. Encontrándonos con barreras de acceso a la información sobre las regalías a los municipios y pago a los propietarios expropiados.
En la Costa Atlántica las dinámicas de Festracol deben confrontar el desafío de impulsar el juicio de responsabilidades a los sectores negligentes con la política de prevención de desastres, máxime cuando el fenómeno de la niña fue anunciado con un semestre de antelación. Eso permitió un aumento en las tragedias anunciadas por las mismas comunidades, como es el caso ocurrido en el Canal del Dique. La prueba es que ahora si hay cómo arreglar ese canal en medio de las aguas desbordadas de las copiosas lluvias.
Esa tarea aun está por hacerse. La idea no es llover sobre mojado, sino adelantar una actividad que prevenga las tragedias futuras, que se van a dar por el calentamiento global y por la negativa de países como Estados Unidos, China, Brasil a firmar los acuerdos internacionales, como es el de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático el 11 de diciembre de 2010 en Cancún (México), donde Japón manifestó que no seguiría firmando esos documentos. Significando esa decisión que el gran capital le tiene sin cuidado el que sigan ocurriendo desgracias humanas, lo único que le preocupa es que no le ocurran desgracias al gran capital, que se reflejan en la mayor frecuencia con que ocurren las crisis económicas en el mundo. Por eso ni la propuesta de no sobrepasar 1,5 °C en el calentamiento global ni la de fijar compromisos para la reducción en la emisión de gases se logró, pues eso quebraría a las empresas petroleras. Empresas que subsisten gracias a que se suspendió la producción de energía obtenida a partir del agua, del helio, del aíre de la atmósfera, de la electricidad que hizo obsoletos los motores de combustión hace ya más de medio siglo. Pero esos descubrimientos han sido expresados en la destrucción de millones de vehículos eléctricos, de hidrógeno y otros, producidos hace años por la Ford, Toyota, Nissan y otras empresas automovilísticas. Pues la mafia del petróleo solo vive a costa de la destrucción ambiental, que se lleva a más de mil millones de habitantes a las hambrunas, a otros mil millones los amenaza con los cambios climáticos, pues para el mundo financiero el capital está, como vimos más arriba, sobre el derecho a la vida. Esa realidad debemos hacerla entender con claridad a toda la población colombiana y a buscar la integración de las organizaciones hermanas en el planeta.
Esa es una tarea que puede adelantar la CTC y, seguramente logrará muchos adeptos en el país y fuera de él. ¿Cómo comenzar esa tarea? Denunciando los contratos leoninos con las multinacionales en la explotación de recursos mineros energéticos en Colombia, a fin de lograr la solidaridad de los pueblos del mundo, con la idea de evitar esos crímenes ambientales contra los páramos y parques ecológicos de nuestro país.
Quienes desempeñamos cargos en la dirección nacional de la CTC asumimos, con ese hecho, una responsabilidad de actualidad, la de orientar el debate nacional contra la agresión imperialista en nuestro país, donde el primer paso debe ser la conformación de una escuela itinerante de formación político social, construida con base en el análisis de las causas y efectos de los problemas colombianos y con la búsqueda de salidas del tamaño de aquéllos, desde una visión de totalidad y una conciencia meridianamente clara por cambiar ese estado de cosas.
Teniendo el marco general podemos asumir las tareas concretas de acción emancipadora
1. La escuela itinerante estará ubicada en el campo social y será la base de la difusión de la teoría de la clase obrera, de la pedagogía de la emancipación y el método dialéctico
2. La generación de procesos de organización en acciones por rama de actividad económica o sindicatos de industria que le den salidas a la lucha reivindicativa del ejercito de trabajadores subcontratados —tercerización, cooperativas de trabajo asociado, empresas temporales y otras formas de bolsas de empleo— que impiden el acceso al trabajo decente
3. Organizar al sector rural por ramas de actividad económica, como es la economía solidaria —economía minifundista, pequeños y medianos procesadores de alimentos y materias primas agropecuarias, impulsores de la agricultura urbana, pequeños y medianos comerciantes de alimentos, pymes de conservación y procesamiento de alimentos, acopiadores de las Centrales de Abastos que están siendo perseguidos por los hipermercados con la mirada obsecuente del Estado—, pues la idea es competir con el régimen de manera armónica, dejando a un lado la desarticulación de los sectores productivos, desde la creación de cadenas integradas e intercomunicadas populares que cobijen el ciclo de producción, transformación, distribución, cambio y consumo
4. Adelantar las reuniones en la seccional Bogotá y Cundinamarca con la estrategia de una mirada que le quepa la ciudad y el departamento a toda la dirigencia de la seccional y actúe, no tanto desde su particularidad sindical, sino como un cuerpo vocero de la CTC que aglutina y orienta la lucha organizada por ramas de producción, en una constante crítica al modelo de desarrollo y a sus políticas públicas de transporte, salud, participación y otras
5. Hacer de la seccional Bogotá y Cundinamarca un foro permanente de debate sobre los problemas colombianos y sobre la búsqueda de soluciones del tamaño de esos problemas, aglutinando a los trabajadores y al pueblo en general alrededor de esos problemas, a fin de que pierdan el miedo a enfrentarlos, así irán asumiendo cada vez más un papel protagónico amplio y complejo en la discusión sobre las grandes decisiones nacionales, como es la instauración de una nueva formación económico social de corte democrático y popular
6. Adelanto de un balance de las actividades de cada una de las diez secretarías ejecutivas de la CTC seccional Bogotá y Cundinamarca coordinadas por la vicepresidencia, donde el debate de ese cuerpo colegiado, debe dar salidas colectivas a temas tan importantes como:
Secretarías Ejecutivas CTC Seccional Bogotá y Cundinamarca
S. Organización Sindical en Bogotá y Cundinamarca Sintraidu
S. Educación Formación y educación sindical y popular Sintrabrinks
S. de la Mujer Políticas con mirada de género Sindefonahorro
S. Relaciones Públicas Con entidades públicas y privadas Asdeber
S. Seguridad Social Exigibilidad al derecho a la salud Sinaltraeses
S. Niñez y Juventud Exigibilidad de los derechos del niño y jóvenes Asimujer
S. Transporte Derecho a la movilidad y al trabajo Sintracitp
S. Asuntos Agrarios Reforma agraria integral y democrática Sintragroes
S. Servidores Públicos Exigibilidad de la garantía de los derechos a la población Sinserpub
S. Trabajadores Independientes Generación de empresas de economía solidaria e informal Sintracoonal
S. Asuntos Laborales Exigibilidad a la garantía del derecho al trabajo decente Sintravecol
S. Asuntos Politicos Exigibilidad al derecho de libre asociación y participación política Aceb
7. De esa forma se irá configurando el plan de trabajo de 2011 de la CTC Bogotá y Cundinamarca y el programa de acción en el corazón del país
8. Las dinámicas de la seccional Bogotá y Cundinamarca deberán sintetizarse a fin de ser publicadas en piezas comunicativas escritas y magnéticas que debe estar como un Link en el Sitio Web de la CTC, y en la difusión con las comunidades debe acompañarse ese material con cartillas, audiovisuales y otros afines
9. La posibilidad de elaborar diez investigaciones durante el año de 2011 nos permitiría conformar de una parte la escuela de formación y de otra crear el dentro de investigación y documentación social de la CTC Bogotá y Cundinamarca
10. El criterio de trabajo para el adelanto de tan ingente tarea es el de ir conformando el frente de resistencia civil al modelo de desarrollo de recolonización económica del país más amplio y diverso, que a la vez vaya elaborando un modelo de desarrollo y una sociedad de corte nacional, democrático y popular
11. Adelantar un seguimiento de la política pública distrital agraria, con sus complementos directos: zonas de reserva campesina, plan maestro de abastecimiento y alimentación y seguridad alimentaria, comedores integrales comunitarios, agricultura urbana, centrales de abastos y de comercialización directa productor consumidor
12. Adelantar la crítica las denominadas locomotoras del plan de gobierno del gobierno de Juan Manuel Santos —minería, infraestructura, vivienda, ruralidad e innovación— y de la promoción de la resistencia civil a la implementación de las leyes de salud, de ley estatutaria de salud, de reforma tributaria y, sobre todo, contra el acto legislativo que pretende elevar a derecho fundamental el equilibrio fiscal estatal
Borrador a presentar para su aprobación, ajuste o cambio argumentado en la primera reunión de la seccional CTC Bogotá y Cundinamarca el día veintiséis (26) de enero (1) del año de 2011.
ANEXO 1
El regreso de las tierras a sus dueños. Artículo de María Elvira Bonilla
Enero 24 de 2011 | 06:01 AM. | Noticias
Chivolo parecía ser un nombre maldito. Se convirtió en uno de los símbolos del despojo a los campesinos por grupos paramilitares con la complicidad de funcionarios del Estado.
Allí, en parcelas que el Incora les había titulado en 1991, inició el paramilitar Jorge 40 el control a sangre y fuego del departamento del Magdalena. El 15 de julio de 1997 reunió en un rancho en la finca La Pola, en Chivolo, a los dueños de esa y otras fincas vecinas, como La Palizua y El Encanto, y les ordenó desalojar sus parcelas porque “las necesitaba para abrir la zona”. Convirtió la zona en un lugar estratégico e instaló allí su bastión paramilitar.
Pero también político. En marzo de 2001 firmaron el Pacto de Chivolo en una reunión de 400 líderes políticos de la región en la que Jorge 40 designó como candidato único para la Gobernación del Magdalena a José Domingo Dávila Armenta y señaló los candidatos para la Asamblea, concejos y alcaldías de 13 municipios. En esta reunión quedó definida la estrategia electoral para la contienda de 2002, en la que Álvaro Uribe llegó a la Presidencia y se conformó un Congreso con el 30% de representación paramilitar.
Fue tal el atropello, que Jorge 40, a pesar de haberse negado a colaborar en los procesos de Justicia y Paz, reconoció en las primeras audiencias haber ordenado el desalojo violento de los campesinos de Chivolo. A este horror se suma la manera fraudulenta y abusiva como funcionarios del recién creado Incoder, en 2003 les formalizaron los títulos a los nuevos propietarios. A través de un procedimiento administrativo declararon la caducidad de las primeras adjudicaciones aduciendo abandono de las tierras por parte de los beneficiarios, a sabiendas de la manera forzosa y violenta como debieron hacerlo, y mediante nuevas resoluciones las re adjudicaron a individuos como Tuto Castro, vinculados a Jorge 40. El director del Incoder de entonces era Jaime Maroso, muy cercano a Álvaro Uribe, del grupo de ganaderos vecinos del Ubérrimo en Córdoba.
Los funcionarios que actuaron directamente pertenecían a la regional del Magdalena y quienes no hayan sido aún judicializados, con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la semana pasada terminarán en la cárcel. Ésta le ordena a la Fiscalía la apertura de instrucción por concierto para delinquir, testaferrato, enriquecimiento ilícito, falsedad, prevaricato, fraude procesal y demás delitos a quienes participaron de este despojo.
En un mes las 36 familias recuperarán sus tierras. Chivolo puede convertirse en el primer caso emblemático de la política de restitución de tierras en la que está empeñado el Gobierno Nacional en cabeza del Incoder. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia que exige la devolución de los predios en 30 días es un espaldarazo a la tarea que se ha emprendido y la blinda de cuestionamientos como los que se ha empeñado en hacer el presidente Uribe y su escudero el exministro Andrés Felipe Arias, cuando fue precisamente durante su ministerio cuando la modalidad de Chivolo se replicó en más de una región del país. Los paramilitares lograron hacer de las tierras campesinas su botín de guerra y el Estado se hizo el de la vista gorda.
Sexta Asamblea por el Derecho a la Salud y a la Calidad de Vida
SEXTA ASAMBLEA DISTRITAL POR EL DERECHO A LA SALUD Y A LA CALIDAD DE VIDA
Bogotá, 11 y 12 ede febrero de 2011
BALANCE DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DISTRITAL DE SALUD
La «Sexta Asamblea Distrital por el Derecho a la Salud y a la Calidad de Vida» se realiza en momentos desastrosos para los habitantes del país en general y Bogotá en particular. Donde el Régimen ha logrado disminuir la actividad de las fuerzas que se le oponen y le exigen garantizar el derecho a la salud, denegar la ley de regalías —minero energéticas—, acabar con la pandemia conocida como «desplazamiento forzado», el saqueo de recursos naturales, ocupación de vastas regiones rurales por multinacionales mineras y productoras de agro combustibles. Ese es un «proceso de recolonización económica del país»
1. FALENCIAS DEL MOVIMIENTO SOCIAL COMO FUERZA OPOSITORA AL RÉGIMEN
La formación económico social del país a finales de diciembre de 2009, cuando se decretó la emergencia económica en salud, presenta situaciones similares al entorno en que se aprobó la ley 1438 de 2010. La diferencia en lo social está en que durante el primer semestre de 2010 la población rechazó con vehemencia los decretos emitidos en el marco de esa Emergencia, mientras en el primer trimestre de 2011 parte de la dirigencia continúa de vacaciones «decembrinas y enerinas». Apenas subsisten expresiones de algunas organizaciones sindicales, comunitarias, medios alternativos de comunicación, pero su limitado impacto social no ha logrado contrarrestar la agresión al derecho a la salud, como sí lo hizo en 2010.
La estrategia del ciberespacio que movilizó a millones de personas 2010 –Colombia y Francia, España, Grecia, Portugal y otros países– ahora dejamos de usarlas en nuestro país. ¿Qué pasó con la dirigencia del movimiento social por el derecho a la salud? El Régimen impone reformas anti populares y sigue sin oposición. ¿Acaso parte de la dirigencia social está «más cerca de las próximas elecciones que de las próximas generaciones» Eso explicaría el viraje de la estrategia de lucha dada en 2010 por la estrategia de impasibilidad en 2011. ¿Impidamos desde hoy la torcida del rumbo social de lucha?
La Comisión Distrital de Salud trabaja por el impulso del frente más amplio y diverso posible de resistencia civil contra las reformas de la normatividad impuesta por el capital financiero. Capital representado en las EPS Privadas con mayores recursos. Las que presionan la fusión de las EPS y, en su loca carrera por la monopolización de los dineros estatales en salud. El resultado es que tres EPS figuren dentro de la lista de las 50 empresas con mayores capitales en el país. Empresas cuya inversión inicial fue de unos 200 mil millones de pesos, ahora presenta activos de más de cinco billones. Producto del subsidio del Estado a las EPS privadas desde la intermediación y verticalidad financiera. Así algunos quieran silenciar tal hecho.
Incremento de las Barreras de acceso al derecho a la salud de las vastas mayorías de usuarios
Los programas que se circunscriben en el marco de la Atención Primaria en Salud (APS) impulsado desde las entidades de la red pública hospitalaria: «Salud al Colegio», «Salud a su Casa», «Salud al Trabajo», «Comunidades saludables», «Vigilancia en Salud Pública», «Niñez Bienvenida y Protegida», «Instituciones Saludables y Amigables» y «Fortalecimiento de la Gestión Distrital en la Salud Pública» son producto de un gran esfuerzo. Esfuerzo que destruye el Régimen con las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2010. Las cuales trasladan los recursos de promoción a la salud de la red pública a las EPS privadas. Que como toda entidad privada, le da un manejo particular a los recursos públicos —Grupo Nule, carrusel de las contrataciones públicas con el sector privado en el Distrito Capital—, el extravío de 179 mil millones de pesos del presupuesto nacional sin que pueda responder «La Unión Temporal Segundo Centenario» dónde está ese dinero, mientras se presenta un retraso del 42 % en la construcción del túnel de la línea. El desvío de 600 mil millones de pesos de Saludcoop. La negativa de renovar el contrato a las personas que trabajaban en los programas de Salud a su Casa (Hospital del Sur, Fontibón), la entrega de los contratos de unos hospitales a otros, Fontibón, Suba. La sesión de las instalaciones de los hospitales a las EPS privadas como Idime, Nueva EPS, Cardio Global en el Hospital de Engativá.
A medida que se privatizan y monopolizan los recursos de los servicios del Estado, los precios de estos se incrementan. El resultado, mayores barreras de acceso al derecho a las salud —económicas, administrativas, geográficas—, a la vez la maraña jurídica dificulta la interposición de acciones de Tutela, pues la aplicación de su fallo está supeditada a la estabilidad fiscal del Estado. Como se persigue imponer con los proyectos de Ley Estatutaria y de Legislativo en el Congreso buscan imponer el principio de estabilidad fiscal. Eso significa que el derecho a la salud dependerá de la disponibilidad de recursos del fisco nacional. Recursos que cuando se destinan a la población se manejan con tacañería. Mientras las acciones de Tutela que interponen los ciudadanos para su atención en general corren a cargo de los Fondos Estatales y no de los fondos de las EPS. Eso demuestra que el Estado es derrochador con sus recursos cuando se trata de favorecer al sector financiero expresado en las EPS. Esa vena rota de los dineros públicos, favorece las ganancias de las EPS con mayor capacidad financiera, en su rabiosa carrera por la monopolización de los recursos del Estado en salud en pocas manos.
La ley 1438 de 2010 permite profundizar la estrategia de las EPS, la de atender el menor número de usuarios a fin de lograr más y más ganancias. Lo prioritario para el Régimen no es la garantía del derecho a la salud sino la garantía del enriquecimiento de la empresa privada de servicios antes a cargo del Estado. El futuro es incierto. Anthoc augura que de seguir las cosas como van, en dos años no habría red pública hospitalaria en Colombia . Eso exige una reorientación de la actividad del movimiento social de la salud en general y de la Comisión Distrital en particular. La de la organización desde la base popular.
Saneamiento financiero
Según el SGSSS se debe eliminar los cuatro pilares de la garantía del derecho a la salud. La priorización de la medicina preventiva sobre la de la atención, el manejo directo de los recursos de los hospitales, sin la intermediación de las EPS, la contratación directa de los hospitales con los trabajadores y la participación ciudadana con base en el control social, en el control técnico científico y en la fortaleza financiera a la rama judicial y entidades de control a la gestión pública. Pues la corrupción estatal crece en proporción directa a la interferencia del sector privado. Máxime cuando éste administra los recursos públicos.
En estos momentos las ESE están creando una cooperativa para la compra única de medicamentos por parte de los veintidós (22) hospitales de Bogotá. Con la idea de lograr mejores precios a favor de las ESE. Importante iniciativa mercantil, que subsistirá más en el juego de oferta y demanda que en sus intenciones.
Balance interno de la Comisión por el Derecho a la Salud y a la Calidad de Vida
Las dinámicas de la Comisión se impulsaron, con una serie de falencias y contrarrestando a los representantes del Régimen, alrededor de cinco mesas de trabajo, cuya actividad apenas toma forma:
Mesa Política
Se adelantó un diagnóstico de las dinámicas de las diferentes representaciones en la Comisión y de acuerdo al entorno económico social se elaboró un plan de acción de construcción colectiva que anexamos. Ese trabajo colectivo se fue armando desde los saberes de cada delegación, el intercambio de saberes ameritó el arbitrio de un profesional, Jaime Urrego, con el ánimo de materializar desde el intercambio de saberes el saber hacer, a partir de las particularidades y desde el conjunto de las distintas delegaciones. En ese sentido el plan de trabajo desde las cinco mesas llegaron a un acuerdo de distribución de responsabilidades, como Comisión, como acompañante a procesos de acción organizativa en territorios y de acuerdo al concepto de territorialidad.
Hemos acompañado el proceso de la defensa territorial, técnico científica del Centro Hospitalario San Juan de Dios, como ejemplo de lo que debe ser la Escuela Itinerante Popular de la Salud. Junto al trámite de un proyecto de ley que protege ese Centro, la Superintendencia de Salud, por orden del alto gobierno Pastrana en 2001, ordena suspender el envío de pacientes al San Juan, sin que autoridad alguna de salud aprobara el cierre. El Congreso aprueba la Ley 735 de 2002 que declara Patrimonio Cultural de la Nación, Monumento Nacional y Hospital Universitario al Centro integrado por el Hospital general, el Materno Infantil y el Instituto Inmunológico y ordena a la Presidencia, a los Ministerios de Salud, de Educación y de Cultura, al Departamento Nacional de Planeación, al Alcalde Mayor de Bogotá, al gobernador de Cundinamarca, a asumir responsabilidades respectivas que garanticen el pleno funcionamiento del Centro Hospitalario, protegido por las leyes de Patrimonio Cultural de la Nación, de Monumento Nacional y Hospital Universitario. Pastrana como presidente objeta la Ley, el congreso la ratifica y la Corte Constitucional en sentencia definitiva le ordena al presidente promulgar la Ley. Entra en vigencia la Ley 735 y todas las autoridades de Salud, incluyendo a los responsables nombrados en la Ley, se dedican a enterrar el Hospital y todo su patrimonio, a negar los derechos de los trabajadores, a oponerse al proceso del Concejo de Estado que declararía en 2005 nulo el Decreto de privatización de Turbay presidente en 1979, con el que se ratifica el carácter público del Centro Hospitalario, que al quedar en firme, el Centro Hospitalario recupera a plenitud sus derechos legales en el papel.
En 2006 y siguiente, por orden de Uribe Presidente, Junto al Procurador Maya, todos los poderes orquestan un proceso de «acuerdo marco», que facilita al delincuente Pablo Ardila, gobernador departamental, decretar la liquidación de una «fundación» que nunca debió existir, por inconstitucional desde que Turbay firmó el decreto y en 2005 sepultó su persona jurídica. Ante la negativa argumentada por La Previsora Seguros de asumir la liquidación, Ardila nombra liquidadora de bolsillo a Ana Karenina Gauna, quien fiel a su amo, con altos ingresos y una tropa de servidores, gasta 90 mil millones de pesos del presupuesto público, recoge más de 8 mil millones del arrendamiento y fraudulenta venta de predios, instalaciones y equipos, masacra a cerca de 3 mil trabajadores y prepara el terreno para que se diga que el San Juan son ruinas. Uribe presidente, Lucho Garzón y Samuel Moreno como alcaldes de Bogotá, entre otros, con la complicidad de todas las IAS, y parte del aparato jurídico, acuerdan y decretan incluir al San Juan y sus dependencias en Ciudad Salud. Este proyecto elitista y privatizador se incluye de forma ilegal en el Plan Centro que declara el Centro de Bogotá territorio vedado para la población empobrecida y de cielos abiertos, libre de impuestos y subsidiado para los magnates inversionistas, en especial los poderosos mercaderes de la salud, que en cerca de 1.400 hectáreas de las tierras más valiosas y rentables de América, planean construir un emporio, con inversiones billonarias del erario público, a costa del desplazamiento forzado de miles de familias que serán desplazadas, con la destrucción de cerca de diez barrios, una docena de establecimientos públicos de Salud, sumidos en una Zona Franca especial a la que solo podemos acceder los ciudadanos del común a donar nuestros raquíticos órganos.
En el barrio Policarpa se han adelantado sesiones del Concejo de Bogotá donde se presentó la contrapropuesta de la comunidad sobre el cómo debe ser el desarrollo del Centro de Bogotá (2010 XII 11). Bajo el lema de una ciudad democrática y popular es posible. Esa dinámica se ha impulsado de manera activa a la vez en localidades como Engativá y Fontibón, contra el Plan Aeropuerto, en Usaquén contra el Plan Zonal del Norte, en Usme contra el Plan de la Nueva Usme, contra las acciones de beneficio inmobiliario en Cerros Orientales, Ciudad Salud y otros planes en la capital de la República impuestos por el Plan de Ordenamiento Territorial. Que definió para varios países —Colombia, Perú—Monitor Company . Al imponer el concepto de la «Ciudad Global» a fines de los 1990. La ciudad de los clúster empresariales que adelantan un desplazamiento forzado económico, político y militar contra los pobladores ubicados en los territorios donde se aposenten los negocios inmobiliarios y otros. Por eso defendemos el criterio del territorio aunado al concepto de la territorialidad, pues ahí está contenido del concepto de la defensa del patrimonio popular.
Mesa Pedagógica
Adelantó una formación en Derechos Humanos patrocinada por la Esap. Forma de concretar la creación de una escuela crítica de pensamiento, aunada a la pedagogía de la emancipación y de procesos de acción social.
Mesa de Movilización.
Emergencia social. Se acompañaron las diversas movilizaciones contra los decretos emitidos en el marco de la declaratoria de emergencia social en salud, por parte de la Comisión las actividades programadas contra los decretos de emergencia convocados por la Gran Coalición Democrática, (GCD) y las centrales obreras, por la convocatoria de Facebook, por Comosoc, por el Congreso de los Pueblos, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MPS) y otras expresiones sociales de actividades locales y barriales.
Se adelantó una serie de charlas sobre la situación de la salud, movilizaciones por la defensa de los usuarios y la red pública hospitalaria, en las localidades, tomas de la vía de servicio privado articulado masivo de transporte, que avanza como monopolio, conocido con el nombre de Transmilenio. Plantones en algunos de los 22 hospitales, Audiencias con la Junta Administradora Local de Engativá, donde además se adelantó el primer encuentro local del Movimiento Para la Salud de los Pueblos.
Mesa Jurídica Laboral.
El objetivo principal es sensibilizar y posicionar el tema de trabajadores dentro de la Comisión y en otros espacios locales y distritales, a fin de destacar las condiciones de quienes al interior de las instituciones prestan el servicio. Pues con frecuencia, es desde la condición de usuarios que se hacen los análisis y denuncias de la problemática de salud. Colocando las reclamaciones de los trabajadores en contraposición con las reclamaciones de los usuarios, como si no formaran parte de una misma problemática. Hoy al interior de la Comisión Distrital de salud entendimos que esa situación es la cara de una misma realidad.
Dentro de las acciones destacadas y representando a las personas que se desempeñan como contratistas de las entidades públicas y privadas, podemos mencionar:
Participación en la organización y funcionamiento del espacio quincenal de análisis y discusión generadores de colectivos de personas vinculadas por contrato en el segundo semestre de 2010, definidos como Conversatorios por el trabajo digno
Ejercicio de caracterización y difusión de las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras por contrato del sector salud
Socialización de los contenidos de la Sentencia T-614 de 2008 emitida por la Corte Constitucional, en relación con la prohibición de continuar con contrataciones a término fijo para quienes cumplen funciones permanentes y misionales, principalmente en el sector salud
Se adelantaron actividades en la Comisión Distrital y en las localidades del Distrito Capital a fin de visibilizar la precarización laboral con los trabajadores tercerizados y las Centrales en la sede de la CTC. Se hicieron a la vez análisis y se proyectaron acciones de acuerdo a las Sentencias T-614 de 2009 y T 760 de 2008. Aparte de que se dieron amplios debates en los eventos adonde asistimos sobe lo rescatable de esas sentencias.
Mesa ambiental
Se adelantó comunicación escrita con entidades ambientales, administraciones locales y las empresas de aseo. Se priorizó lo relacionado al relleno «sanitario» Doña Juana. Las respuestas siempre son tangenciales. Se destaca que solo hay dos «receberas» con licencia —Engativá (El Porvenir) y Usme (Cemex) — y otras mil son ilegales. En cuanto a las cárcavas no se ha dado solución, que en épocas de lluvias pueden generar desbordamientos e incremento de la erosión. Las canteras apenas tienen medidas preventivas de cierre. Sin embargo continúan funcionando. Las ladrilleras cuentan ahora con una orden de cierre definitivo emitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente. En el Relleno Sanitario de Doña Juana apenas se han permitido visitas parciales. El asunto de los problemas de emisión de gases producidos por los lixiviados y materiales con radiactividad podría presentar situaciones lamentables de no atenderse a tiempo. El asunto de los vectores sigue en ascenso, contaminación de olores, visual, auditiva.
Ese relleno recibe basuras de Bogotá, Chipaque, Cáqueza, Choachí, Fosca, Ubaque, se mantienen renovando sus contratos con el Distrito Capital, según información de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) El asunto de las «Escombreras» es un asunto de amplia contaminación ambiental. Las curtiembres en parte tienen licencia y otras son vigiladas, pero no hay una política clara distrital al respecto. Donde genera contaminación de olores y de residuos en las aguas del Tunjuelo, generando impactos ambientales negativos.
Control social a la gestión pública. El Mandato Ciudadano de la Salud por la creación de una EPS Pública tuvo como respuesta la creación de una EPS mixta, con una sola representación privada, Salud Total. Reafirmando ese hecho la tendencia a la monopolización de la salud en el sector privado como en el público. Es el caso de la fusión de los hospitales anunciados por esa misma Secretaría. Lo cual prevé unas masacres laborales, un aumento a las barreras geográficas, administrativas, económicas.
Continuamos con el plan de acción, definiendo actividades específicas a ejecutar por las mesas de trabajo y espacios comunitarios alrededor del control social en salud. Que son la base de organización alrededor de la edición y publicación de piezas comunicativas, donde se promueva la organización en los barrios, veredas de las localidades, donde se congreguen los diversos espacios de participación comunitaria, organizaciones sindicales, cívicas y populares en general.
El plan de trabajo se adelanta con la visión de hacer cumplir el mandato ciudadano desde la acción conjunta y articulada de todos los sectores sociales defensores de los comités por la salud, la vida y la dignidad humana.
1. Famosa frase de Edgar Montenegro durante su precandidatura a la Alcaldía Mayor de Bogotá en el año de 2006
2. http://www.pacocol.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7983
3. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-255-10.htm
4. http://eumed.net/libros/2010d/788/La%20ciudad-global%20como%20imagen.htm
Bogotá, 11 y 12 ede febrero de 2011
BALANCE DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DISTRITAL DE SALUD
La «Sexta Asamblea Distrital por el Derecho a la Salud y a la Calidad de Vida» se realiza en momentos desastrosos para los habitantes del país en general y Bogotá en particular. Donde el Régimen ha logrado disminuir la actividad de las fuerzas que se le oponen y le exigen garantizar el derecho a la salud, denegar la ley de regalías —minero energéticas—, acabar con la pandemia conocida como «desplazamiento forzado», el saqueo de recursos naturales, ocupación de vastas regiones rurales por multinacionales mineras y productoras de agro combustibles. Ese es un «proceso de recolonización económica del país»
1. FALENCIAS DEL MOVIMIENTO SOCIAL COMO FUERZA OPOSITORA AL RÉGIMEN
La formación económico social del país a finales de diciembre de 2009, cuando se decretó la emergencia económica en salud, presenta situaciones similares al entorno en que se aprobó la ley 1438 de 2010. La diferencia en lo social está en que durante el primer semestre de 2010 la población rechazó con vehemencia los decretos emitidos en el marco de esa Emergencia, mientras en el primer trimestre de 2011 parte de la dirigencia continúa de vacaciones «decembrinas y enerinas». Apenas subsisten expresiones de algunas organizaciones sindicales, comunitarias, medios alternativos de comunicación, pero su limitado impacto social no ha logrado contrarrestar la agresión al derecho a la salud, como sí lo hizo en 2010.
La estrategia del ciberespacio que movilizó a millones de personas 2010 –Colombia y Francia, España, Grecia, Portugal y otros países– ahora dejamos de usarlas en nuestro país. ¿Qué pasó con la dirigencia del movimiento social por el derecho a la salud? El Régimen impone reformas anti populares y sigue sin oposición. ¿Acaso parte de la dirigencia social está «más cerca de las próximas elecciones que de las próximas generaciones» Eso explicaría el viraje de la estrategia de lucha dada en 2010 por la estrategia de impasibilidad en 2011. ¿Impidamos desde hoy la torcida del rumbo social de lucha?
La Comisión Distrital de Salud trabaja por el impulso del frente más amplio y diverso posible de resistencia civil contra las reformas de la normatividad impuesta por el capital financiero. Capital representado en las EPS Privadas con mayores recursos. Las que presionan la fusión de las EPS y, en su loca carrera por la monopolización de los dineros estatales en salud. El resultado es que tres EPS figuren dentro de la lista de las 50 empresas con mayores capitales en el país. Empresas cuya inversión inicial fue de unos 200 mil millones de pesos, ahora presenta activos de más de cinco billones. Producto del subsidio del Estado a las EPS privadas desde la intermediación y verticalidad financiera. Así algunos quieran silenciar tal hecho.
Incremento de las Barreras de acceso al derecho a la salud de las vastas mayorías de usuarios
Los programas que se circunscriben en el marco de la Atención Primaria en Salud (APS) impulsado desde las entidades de la red pública hospitalaria: «Salud al Colegio», «Salud a su Casa», «Salud al Trabajo», «Comunidades saludables», «Vigilancia en Salud Pública», «Niñez Bienvenida y Protegida», «Instituciones Saludables y Amigables» y «Fortalecimiento de la Gestión Distrital en la Salud Pública» son producto de un gran esfuerzo. Esfuerzo que destruye el Régimen con las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2010. Las cuales trasladan los recursos de promoción a la salud de la red pública a las EPS privadas. Que como toda entidad privada, le da un manejo particular a los recursos públicos —Grupo Nule, carrusel de las contrataciones públicas con el sector privado en el Distrito Capital—, el extravío de 179 mil millones de pesos del presupuesto nacional sin que pueda responder «La Unión Temporal Segundo Centenario» dónde está ese dinero, mientras se presenta un retraso del 42 % en la construcción del túnel de la línea. El desvío de 600 mil millones de pesos de Saludcoop. La negativa de renovar el contrato a las personas que trabajaban en los programas de Salud a su Casa (Hospital del Sur, Fontibón), la entrega de los contratos de unos hospitales a otros, Fontibón, Suba. La sesión de las instalaciones de los hospitales a las EPS privadas como Idime, Nueva EPS, Cardio Global en el Hospital de Engativá.
A medida que se privatizan y monopolizan los recursos de los servicios del Estado, los precios de estos se incrementan. El resultado, mayores barreras de acceso al derecho a las salud —económicas, administrativas, geográficas—, a la vez la maraña jurídica dificulta la interposición de acciones de Tutela, pues la aplicación de su fallo está supeditada a la estabilidad fiscal del Estado. Como se persigue imponer con los proyectos de Ley Estatutaria y de Legislativo en el Congreso buscan imponer el principio de estabilidad fiscal. Eso significa que el derecho a la salud dependerá de la disponibilidad de recursos del fisco nacional. Recursos que cuando se destinan a la población se manejan con tacañería. Mientras las acciones de Tutela que interponen los ciudadanos para su atención en general corren a cargo de los Fondos Estatales y no de los fondos de las EPS. Eso demuestra que el Estado es derrochador con sus recursos cuando se trata de favorecer al sector financiero expresado en las EPS. Esa vena rota de los dineros públicos, favorece las ganancias de las EPS con mayor capacidad financiera, en su rabiosa carrera por la monopolización de los recursos del Estado en salud en pocas manos.
La ley 1438 de 2010 permite profundizar la estrategia de las EPS, la de atender el menor número de usuarios a fin de lograr más y más ganancias. Lo prioritario para el Régimen no es la garantía del derecho a la salud sino la garantía del enriquecimiento de la empresa privada de servicios antes a cargo del Estado. El futuro es incierto. Anthoc augura que de seguir las cosas como van, en dos años no habría red pública hospitalaria en Colombia . Eso exige una reorientación de la actividad del movimiento social de la salud en general y de la Comisión Distrital en particular. La de la organización desde la base popular.
Saneamiento financiero
Según el SGSSS se debe eliminar los cuatro pilares de la garantía del derecho a la salud. La priorización de la medicina preventiva sobre la de la atención, el manejo directo de los recursos de los hospitales, sin la intermediación de las EPS, la contratación directa de los hospitales con los trabajadores y la participación ciudadana con base en el control social, en el control técnico científico y en la fortaleza financiera a la rama judicial y entidades de control a la gestión pública. Pues la corrupción estatal crece en proporción directa a la interferencia del sector privado. Máxime cuando éste administra los recursos públicos.
En estos momentos las ESE están creando una cooperativa para la compra única de medicamentos por parte de los veintidós (22) hospitales de Bogotá. Con la idea de lograr mejores precios a favor de las ESE. Importante iniciativa mercantil, que subsistirá más en el juego de oferta y demanda que en sus intenciones.
Balance interno de la Comisión por el Derecho a la Salud y a la Calidad de Vida
Las dinámicas de la Comisión se impulsaron, con una serie de falencias y contrarrestando a los representantes del Régimen, alrededor de cinco mesas de trabajo, cuya actividad apenas toma forma:
Mesa Política
Se adelantó un diagnóstico de las dinámicas de las diferentes representaciones en la Comisión y de acuerdo al entorno económico social se elaboró un plan de acción de construcción colectiva que anexamos. Ese trabajo colectivo se fue armando desde los saberes de cada delegación, el intercambio de saberes ameritó el arbitrio de un profesional, Jaime Urrego, con el ánimo de materializar desde el intercambio de saberes el saber hacer, a partir de las particularidades y desde el conjunto de las distintas delegaciones. En ese sentido el plan de trabajo desde las cinco mesas llegaron a un acuerdo de distribución de responsabilidades, como Comisión, como acompañante a procesos de acción organizativa en territorios y de acuerdo al concepto de territorialidad.
Hemos acompañado el proceso de la defensa territorial, técnico científica del Centro Hospitalario San Juan de Dios, como ejemplo de lo que debe ser la Escuela Itinerante Popular de la Salud. Junto al trámite de un proyecto de ley que protege ese Centro, la Superintendencia de Salud, por orden del alto gobierno Pastrana en 2001, ordena suspender el envío de pacientes al San Juan, sin que autoridad alguna de salud aprobara el cierre. El Congreso aprueba la Ley 735 de 2002 que declara Patrimonio Cultural de la Nación, Monumento Nacional y Hospital Universitario al Centro integrado por el Hospital general, el Materno Infantil y el Instituto Inmunológico y ordena a la Presidencia, a los Ministerios de Salud, de Educación y de Cultura, al Departamento Nacional de Planeación, al Alcalde Mayor de Bogotá, al gobernador de Cundinamarca, a asumir responsabilidades respectivas que garanticen el pleno funcionamiento del Centro Hospitalario, protegido por las leyes de Patrimonio Cultural de la Nación, de Monumento Nacional y Hospital Universitario. Pastrana como presidente objeta la Ley, el congreso la ratifica y la Corte Constitucional en sentencia definitiva le ordena al presidente promulgar la Ley. Entra en vigencia la Ley 735 y todas las autoridades de Salud, incluyendo a los responsables nombrados en la Ley, se dedican a enterrar el Hospital y todo su patrimonio, a negar los derechos de los trabajadores, a oponerse al proceso del Concejo de Estado que declararía en 2005 nulo el Decreto de privatización de Turbay presidente en 1979, con el que se ratifica el carácter público del Centro Hospitalario, que al quedar en firme, el Centro Hospitalario recupera a plenitud sus derechos legales en el papel.
En 2006 y siguiente, por orden de Uribe Presidente, Junto al Procurador Maya, todos los poderes orquestan un proceso de «acuerdo marco», que facilita al delincuente Pablo Ardila, gobernador departamental, decretar la liquidación de una «fundación» que nunca debió existir, por inconstitucional desde que Turbay firmó el decreto y en 2005 sepultó su persona jurídica. Ante la negativa argumentada por La Previsora Seguros de asumir la liquidación, Ardila nombra liquidadora de bolsillo a Ana Karenina Gauna, quien fiel a su amo, con altos ingresos y una tropa de servidores, gasta 90 mil millones de pesos del presupuesto público, recoge más de 8 mil millones del arrendamiento y fraudulenta venta de predios, instalaciones y equipos, masacra a cerca de 3 mil trabajadores y prepara el terreno para que se diga que el San Juan son ruinas. Uribe presidente, Lucho Garzón y Samuel Moreno como alcaldes de Bogotá, entre otros, con la complicidad de todas las IAS, y parte del aparato jurídico, acuerdan y decretan incluir al San Juan y sus dependencias en Ciudad Salud. Este proyecto elitista y privatizador se incluye de forma ilegal en el Plan Centro que declara el Centro de Bogotá territorio vedado para la población empobrecida y de cielos abiertos, libre de impuestos y subsidiado para los magnates inversionistas, en especial los poderosos mercaderes de la salud, que en cerca de 1.400 hectáreas de las tierras más valiosas y rentables de América, planean construir un emporio, con inversiones billonarias del erario público, a costa del desplazamiento forzado de miles de familias que serán desplazadas, con la destrucción de cerca de diez barrios, una docena de establecimientos públicos de Salud, sumidos en una Zona Franca especial a la que solo podemos acceder los ciudadanos del común a donar nuestros raquíticos órganos.
En el barrio Policarpa se han adelantado sesiones del Concejo de Bogotá donde se presentó la contrapropuesta de la comunidad sobre el cómo debe ser el desarrollo del Centro de Bogotá (2010 XII 11). Bajo el lema de una ciudad democrática y popular es posible. Esa dinámica se ha impulsado de manera activa a la vez en localidades como Engativá y Fontibón, contra el Plan Aeropuerto, en Usaquén contra el Plan Zonal del Norte, en Usme contra el Plan de la Nueva Usme, contra las acciones de beneficio inmobiliario en Cerros Orientales, Ciudad Salud y otros planes en la capital de la República impuestos por el Plan de Ordenamiento Territorial. Que definió para varios países —Colombia, Perú—Monitor Company . Al imponer el concepto de la «Ciudad Global» a fines de los 1990. La ciudad de los clúster empresariales que adelantan un desplazamiento forzado económico, político y militar contra los pobladores ubicados en los territorios donde se aposenten los negocios inmobiliarios y otros. Por eso defendemos el criterio del territorio aunado al concepto de la territorialidad, pues ahí está contenido del concepto de la defensa del patrimonio popular.
Mesa Pedagógica
Adelantó una formación en Derechos Humanos patrocinada por la Esap. Forma de concretar la creación de una escuela crítica de pensamiento, aunada a la pedagogía de la emancipación y de procesos de acción social.
Mesa de Movilización.
Emergencia social. Se acompañaron las diversas movilizaciones contra los decretos emitidos en el marco de la declaratoria de emergencia social en salud, por parte de la Comisión las actividades programadas contra los decretos de emergencia convocados por la Gran Coalición Democrática, (GCD) y las centrales obreras, por la convocatoria de Facebook, por Comosoc, por el Congreso de los Pueblos, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MPS) y otras expresiones sociales de actividades locales y barriales.
Se adelantó una serie de charlas sobre la situación de la salud, movilizaciones por la defensa de los usuarios y la red pública hospitalaria, en las localidades, tomas de la vía de servicio privado articulado masivo de transporte, que avanza como monopolio, conocido con el nombre de Transmilenio. Plantones en algunos de los 22 hospitales, Audiencias con la Junta Administradora Local de Engativá, donde además se adelantó el primer encuentro local del Movimiento Para la Salud de los Pueblos.
Mesa Jurídica Laboral.
El objetivo principal es sensibilizar y posicionar el tema de trabajadores dentro de la Comisión y en otros espacios locales y distritales, a fin de destacar las condiciones de quienes al interior de las instituciones prestan el servicio. Pues con frecuencia, es desde la condición de usuarios que se hacen los análisis y denuncias de la problemática de salud. Colocando las reclamaciones de los trabajadores en contraposición con las reclamaciones de los usuarios, como si no formaran parte de una misma problemática. Hoy al interior de la Comisión Distrital de salud entendimos que esa situación es la cara de una misma realidad.
Dentro de las acciones destacadas y representando a las personas que se desempeñan como contratistas de las entidades públicas y privadas, podemos mencionar:
Participación en la organización y funcionamiento del espacio quincenal de análisis y discusión generadores de colectivos de personas vinculadas por contrato en el segundo semestre de 2010, definidos como Conversatorios por el trabajo digno
Ejercicio de caracterización y difusión de las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras por contrato del sector salud
Socialización de los contenidos de la Sentencia T-614 de 2008 emitida por la Corte Constitucional, en relación con la prohibición de continuar con contrataciones a término fijo para quienes cumplen funciones permanentes y misionales, principalmente en el sector salud
Se adelantaron actividades en la Comisión Distrital y en las localidades del Distrito Capital a fin de visibilizar la precarización laboral con los trabajadores tercerizados y las Centrales en la sede de la CTC. Se hicieron a la vez análisis y se proyectaron acciones de acuerdo a las Sentencias T-614 de 2009 y T 760 de 2008. Aparte de que se dieron amplios debates en los eventos adonde asistimos sobe lo rescatable de esas sentencias.
Mesa ambiental
Se adelantó comunicación escrita con entidades ambientales, administraciones locales y las empresas de aseo. Se priorizó lo relacionado al relleno «sanitario» Doña Juana. Las respuestas siempre son tangenciales. Se destaca que solo hay dos «receberas» con licencia —Engativá (El Porvenir) y Usme (Cemex) — y otras mil son ilegales. En cuanto a las cárcavas no se ha dado solución, que en épocas de lluvias pueden generar desbordamientos e incremento de la erosión. Las canteras apenas tienen medidas preventivas de cierre. Sin embargo continúan funcionando. Las ladrilleras cuentan ahora con una orden de cierre definitivo emitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente. En el Relleno Sanitario de Doña Juana apenas se han permitido visitas parciales. El asunto de los problemas de emisión de gases producidos por los lixiviados y materiales con radiactividad podría presentar situaciones lamentables de no atenderse a tiempo. El asunto de los vectores sigue en ascenso, contaminación de olores, visual, auditiva.
Ese relleno recibe basuras de Bogotá, Chipaque, Cáqueza, Choachí, Fosca, Ubaque, se mantienen renovando sus contratos con el Distrito Capital, según información de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) El asunto de las «Escombreras» es un asunto de amplia contaminación ambiental. Las curtiembres en parte tienen licencia y otras son vigiladas, pero no hay una política clara distrital al respecto. Donde genera contaminación de olores y de residuos en las aguas del Tunjuelo, generando impactos ambientales negativos.
Control social a la gestión pública. El Mandato Ciudadano de la Salud por la creación de una EPS Pública tuvo como respuesta la creación de una EPS mixta, con una sola representación privada, Salud Total. Reafirmando ese hecho la tendencia a la monopolización de la salud en el sector privado como en el público. Es el caso de la fusión de los hospitales anunciados por esa misma Secretaría. Lo cual prevé unas masacres laborales, un aumento a las barreras geográficas, administrativas, económicas.
Continuamos con el plan de acción, definiendo actividades específicas a ejecutar por las mesas de trabajo y espacios comunitarios alrededor del control social en salud. Que son la base de organización alrededor de la edición y publicación de piezas comunicativas, donde se promueva la organización en los barrios, veredas de las localidades, donde se congreguen los diversos espacios de participación comunitaria, organizaciones sindicales, cívicas y populares en general.
El plan de trabajo se adelanta con la visión de hacer cumplir el mandato ciudadano desde la acción conjunta y articulada de todos los sectores sociales defensores de los comités por la salud, la vida y la dignidad humana.
1. Famosa frase de Edgar Montenegro durante su precandidatura a la Alcaldía Mayor de Bogotá en el año de 2006
2. http://www.pacocol.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7983
3. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-255-10.htm
4. http://eumed.net/libros/2010d/788/La%20ciudad-global%20como%20imagen.htm
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