Sexta Asamblea por el Derecho a la Salud y a la Calidad de Vida

SEXTA ASAMBLEA DISTRITAL POR EL DERECHO A LA SALUD Y A LA CALIDAD DE VIDA

Bogotá, 11 y 12 ede febrero de 2011

BALANCE DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DISTRITAL DE SALUD

La «Sexta Asamblea Distrital por el Derecho a la Salud y a la Calidad de Vida» se realiza en momentos desastrosos para los habitantes del país en general y Bogotá en particular. Donde el Régimen ha logrado disminuir la actividad de las fuerzas que se le oponen y le exigen garantizar el derecho a la salud, denegar la ley de regalías —minero energéticas—, acabar con la pandemia conocida como «desplazamiento forzado», el saqueo de recursos naturales, ocupación de vastas regiones rurales por multinacionales mineras y productoras de agro combustibles. Ese es un «proceso de recolonización económica del país»
1. FALENCIAS DEL MOVIMIENTO SOCIAL COMO FUERZA OPOSITORA AL RÉGIMEN
La formación económico social del país a finales de diciembre de 2009, cuando se decretó la emergencia económica en salud, presenta situaciones similares al entorno en que se aprobó la ley 1438 de 2010. La diferencia en lo social está en que durante el primer semestre de 2010 la población rechazó con vehemencia los decretos emitidos en el marco de esa Emergencia, mientras en el primer trimestre de 2011 parte de la dirigencia continúa de vacaciones «decembrinas y enerinas». Apenas subsisten expresiones de algunas organizaciones sindicales, comunitarias, medios alternativos de comunicación, pero su limitado impacto social no ha logrado contrarrestar la agresión al derecho a la salud, como sí lo hizo en 2010.
La estrategia del ciberespacio que movilizó a millones de personas 2010 –Colombia y Francia, España, Grecia, Portugal y otros países– ahora dejamos de usarlas en nuestro país. ¿Qué pasó con la dirigencia del movimiento social por el derecho a la salud? El Régimen impone reformas anti populares y sigue sin oposición. ¿Acaso parte de la dirigencia social está «más cerca de las próximas elecciones que de las próximas generaciones» Eso explicaría el viraje de la estrategia de lucha dada en 2010 por la estrategia de impasibilidad en 2011. ¿Impidamos desde hoy la torcida del rumbo social de lucha?
La Comisión Distrital de Salud trabaja por el impulso del frente más amplio y diverso posible de resistencia civil contra las reformas de la normatividad impuesta por el capital financiero. Capital representado en las EPS Privadas con mayores recursos. Las que presionan la fusión de las EPS y, en su loca carrera por la monopolización de los dineros estatales en salud. El resultado es que tres EPS figuren dentro de la lista de las 50 empresas con mayores capitales en el país. Empresas cuya inversión inicial fue de unos 200 mil millones de pesos, ahora presenta activos de más de cinco billones. Producto del subsidio del Estado a las EPS privadas desde la intermediación y verticalidad financiera. Así algunos quieran silenciar tal hecho.
Incremento de las Barreras de acceso al derecho a la salud de las vastas mayorías de usuarios
Los programas que se circunscriben en el marco de la Atención Primaria en Salud (APS) impulsado desde las entidades de la red pública hospitalaria: «Salud al Colegio», «Salud a su Casa», «Salud al Trabajo», «Comunidades saludables», «Vigilancia en Salud Pública», «Niñez Bienvenida y Protegida», «Instituciones Saludables y Amigables» y «Fortalecimiento de la Gestión Distrital en la Salud Pública» son producto de un gran esfuerzo. Esfuerzo que destruye el Régimen con las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2010. Las cuales trasladan los recursos de promoción a la salud de la red pública a las EPS privadas. Que como toda entidad privada, le da un manejo particular a los recursos públicos —Grupo Nule, carrusel de las contrataciones públicas con el sector privado en el Distrito Capital—, el extravío de 179 mil millones de pesos del presupuesto nacional sin que pueda responder «La Unión Temporal Segundo Centenario» dónde está ese dinero, mientras se presenta un retraso del 42 % en la construcción del túnel de la línea. El desvío de 600 mil millones de pesos de Saludcoop. La negativa de renovar el contrato a las personas que trabajaban en los programas de Salud a su Casa (Hospital del Sur, Fontibón), la entrega de los contratos de unos hospitales a otros, Fontibón, Suba. La sesión de las instalaciones de los hospitales a las EPS privadas como Idime, Nueva EPS, Cardio Global en el Hospital de Engativá.
A medida que se privatizan y monopolizan los recursos de los servicios del Estado, los precios de estos se incrementan. El resultado, mayores barreras de acceso al derecho a las salud —económicas, administrativas, geográficas—, a la vez la maraña jurídica dificulta la interposición de acciones de Tutela, pues la aplicación de su fallo está supeditada a la estabilidad fiscal del Estado. Como se persigue imponer con los proyectos de Ley Estatutaria y de Legislativo en el Congreso buscan imponer el principio de estabilidad fiscal. Eso significa que el derecho a la salud dependerá de la disponibilidad de recursos del fisco nacional. Recursos que cuando se destinan a la población se manejan con tacañería. Mientras las acciones de Tutela que interponen los ciudadanos para su atención en general corren a cargo de los Fondos Estatales y no de los fondos de las EPS. Eso demuestra que el Estado es derrochador con sus recursos cuando se trata de favorecer al sector financiero expresado en las EPS. Esa vena rota de los dineros públicos, favorece las ganancias de las EPS con mayor capacidad financiera, en su rabiosa carrera por la monopolización de los recursos del Estado en salud en pocas manos.
La ley 1438 de 2010 permite profundizar la estrategia de las EPS, la de atender el menor número de usuarios a fin de lograr más y más ganancias. Lo prioritario para el Régimen no es la garantía del derecho a la salud sino la garantía del enriquecimiento de la empresa privada de servicios antes a cargo del Estado. El futuro es incierto. Anthoc augura que de seguir las cosas como van, en dos años no habría red pública hospitalaria en Colombia . Eso exige una reorientación de la actividad del movimiento social de la salud en general y de la Comisión Distrital en particular. La de la organización desde la base popular.
Saneamiento financiero
Según el SGSSS se debe eliminar los cuatro pilares de la garantía del derecho a la salud. La priorización de la medicina preventiva sobre la de la atención, el manejo directo de los recursos de los hospitales, sin la intermediación de las EPS, la contratación directa de los hospitales con los trabajadores y la participación ciudadana con base en el control social, en el control técnico científico y en la fortaleza financiera a la rama judicial y entidades de control a la gestión pública. Pues la corrupción estatal crece en proporción directa a la interferencia del sector privado. Máxime cuando éste administra los recursos públicos.
En estos momentos las ESE están creando una cooperativa para la compra única de medicamentos por parte de los veintidós (22) hospitales de Bogotá. Con la idea de lograr mejores precios a favor de las ESE. Importante iniciativa mercantil, que subsistirá más en el juego de oferta y demanda que en sus intenciones.
Balance interno de la Comisión por el Derecho a la Salud y a la Calidad de Vida
Las dinámicas de la Comisión se impulsaron, con una serie de falencias y contrarrestando a los representantes del Régimen, alrededor de cinco mesas de trabajo, cuya actividad apenas toma forma:
Mesa Política
Se adelantó un diagnóstico de las dinámicas de las diferentes representaciones en la Comisión y de acuerdo al entorno económico social se elaboró un plan de acción de construcción colectiva que anexamos. Ese trabajo colectivo se fue armando desde los saberes de cada delegación, el intercambio de saberes ameritó el arbitrio de un profesional, Jaime Urrego, con el ánimo de materializar desde el intercambio de saberes el saber hacer, a partir de las particularidades y desde el conjunto de las distintas delegaciones. En ese sentido el plan de trabajo desde las cinco mesas llegaron a un acuerdo de distribución de responsabilidades, como Comisión, como acompañante a procesos de acción organizativa en territorios y de acuerdo al concepto de territorialidad.
Hemos acompañado el proceso de la defensa territorial, técnico científica del Centro Hospitalario San Juan de Dios, como ejemplo de lo que debe ser la Escuela Itinerante Popular de la Salud. Junto al trámite de un proyecto de ley que protege ese Centro, la Superintendencia de Salud, por orden del alto gobierno Pastrana en 2001, ordena suspender el envío de pacientes al San Juan, sin que autoridad alguna de salud aprobara el cierre. El Congreso aprueba la Ley 735 de 2002 que declara Patrimonio Cultural de la Nación, Monumento Nacional y Hospital Universitario al Centro integrado por el Hospital general, el Materno Infantil y el Instituto Inmunológico y ordena a la Presidencia, a los Ministerios de Salud, de Educación y de Cultura, al Departamento Nacional de Planeación, al Alcalde Mayor de Bogotá, al gobernador de Cundinamarca, a asumir responsabilidades respectivas que garanticen el pleno funcionamiento del Centro Hospitalario, protegido por las leyes de Patrimonio Cultural de la Nación, de Monumento Nacional y Hospital Universitario. Pastrana como presidente objeta la Ley, el congreso la ratifica y la Corte Constitucional en sentencia definitiva le ordena al presidente promulgar la Ley. Entra en vigencia la Ley 735 y todas las autoridades de Salud, incluyendo a los responsables nombrados en la Ley, se dedican a enterrar el Hospital y todo su patrimonio, a negar los derechos de los trabajadores, a oponerse al proceso del Concejo de Estado que declararía en 2005 nulo el Decreto de privatización de Turbay presidente en 1979, con el que se ratifica el carácter público del Centro Hospitalario, que al quedar en firme, el Centro Hospitalario recupera a plenitud sus derechos legales en el papel.
En 2006 y siguiente, por orden de Uribe Presidente, Junto al Procurador Maya, todos los poderes orquestan un proceso de «acuerdo marco», que facilita al delincuente Pablo Ardila, gobernador departamental, decretar la liquidación de una «fundación» que nunca debió existir, por inconstitucional desde que Turbay firmó el decreto y en 2005 sepultó su persona jurídica. Ante la negativa argumentada por La Previsora Seguros de asumir la liquidación, Ardila nombra liquidadora de bolsillo a Ana Karenina Gauna, quien fiel a su amo, con altos ingresos y una tropa de servidores, gasta 90 mil millones de pesos del presupuesto público, recoge más de 8 mil millones del arrendamiento y fraudulenta venta de predios, instalaciones y equipos, masacra a cerca de 3 mil trabajadores y prepara el terreno para que se diga que el San Juan son ruinas. Uribe presidente, Lucho Garzón y Samuel Moreno como alcaldes de Bogotá, entre otros, con la complicidad de todas las IAS, y parte del aparato jurídico, acuerdan y decretan incluir al San Juan y sus dependencias en Ciudad Salud. Este proyecto elitista y privatizador se incluye de forma ilegal en el Plan Centro que declara el Centro de Bogotá territorio vedado para la población empobrecida y de cielos abiertos, libre de impuestos y subsidiado para los magnates inversionistas, en especial los poderosos mercaderes de la salud, que en cerca de 1.400 hectáreas de las tierras más valiosas y rentables de América, planean construir un emporio, con inversiones billonarias del erario público, a costa del desplazamiento forzado de miles de familias que serán desplazadas, con la destrucción de cerca de diez barrios, una docena de establecimientos públicos de Salud, sumidos en una Zona Franca especial a la que solo podemos acceder los ciudadanos del común a donar nuestros raquíticos órganos.
En el barrio Policarpa se han adelantado sesiones del Concejo de Bogotá donde se presentó la contrapropuesta de la comunidad sobre el cómo debe ser el desarrollo del Centro de Bogotá (2010 XII 11). Bajo el lema de una ciudad democrática y popular es posible. Esa dinámica se ha impulsado de manera activa a la vez en localidades como Engativá y Fontibón, contra el Plan Aeropuerto, en Usaquén contra el Plan Zonal del Norte, en Usme contra el Plan de la Nueva Usme, contra las acciones de beneficio inmobiliario en Cerros Orientales, Ciudad Salud y otros planes en la capital de la República impuestos por el Plan de Ordenamiento Territorial. Que definió para varios países —Colombia, Perú—Monitor Company . Al imponer el concepto de la «Ciudad Global» a fines de los 1990. La ciudad de los clúster empresariales que adelantan un desplazamiento forzado económico, político y militar contra los pobladores ubicados en los territorios donde se aposenten los negocios inmobiliarios y otros. Por eso defendemos el criterio del territorio aunado al concepto de la territorialidad, pues ahí está contenido del concepto de la defensa del patrimonio popular.
Mesa Pedagógica
Adelantó una formación en Derechos Humanos patrocinada por la Esap. Forma de concretar la creación de una escuela crítica de pensamiento, aunada a la pedagogía de la emancipación y de procesos de acción social.
Mesa de Movilización.
Emergencia social. Se acompañaron las diversas movilizaciones contra los decretos emitidos en el marco de la declaratoria de emergencia social en salud, por parte de la Comisión las actividades programadas contra los decretos de emergencia convocados por la Gran Coalición Democrática, (GCD) y las centrales obreras, por la convocatoria de Facebook, por Comosoc, por el Congreso de los Pueblos, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MPS) y otras expresiones sociales de actividades locales y barriales.
Se adelantó una serie de charlas sobre la situación de la salud, movilizaciones por la defensa de los usuarios y la red pública hospitalaria, en las localidades, tomas de la vía de servicio privado articulado masivo de transporte, que avanza como monopolio, conocido con el nombre de Transmilenio. Plantones en algunos de los 22 hospitales, Audiencias con la Junta Administradora Local de Engativá, donde además se adelantó el primer encuentro local del Movimiento Para la Salud de los Pueblos.
Mesa Jurídica Laboral.
El objetivo principal es sensibilizar y posicionar el tema de trabajadores dentro de la Comisión y en otros espacios locales y distritales, a fin de destacar las condiciones de quienes al interior de las instituciones prestan el servicio. Pues con frecuencia, es desde la condición de usuarios que se hacen los análisis y denuncias de la problemática de salud. Colocando las reclamaciones de los trabajadores en contraposición con las reclamaciones de los usuarios, como si no formaran parte de una misma problemática. Hoy al interior de la Comisión Distrital de salud entendimos que esa situación es la cara de una misma realidad.
Dentro de las acciones destacadas y representando a las personas que se desempeñan como contratistas de las entidades públicas y privadas, podemos mencionar:
 Participación en la organización y funcionamiento del espacio quincenal de análisis y discusión generadores de colectivos de personas vinculadas por contrato en el segundo semestre de 2010, definidos como Conversatorios por el trabajo digno
 Ejercicio de caracterización y difusión de las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras por contrato del sector salud
 Socialización de los contenidos de la Sentencia T-614 de 2008 emitida por la Corte Constitucional, en relación con la prohibición de continuar con contrataciones a término fijo para quienes cumplen funciones permanentes y misionales, principalmente en el sector salud
Se adelantaron actividades en la Comisión Distrital y en las localidades del Distrito Capital a fin de visibilizar la precarización laboral con los trabajadores tercerizados y las Centrales en la sede de la CTC. Se hicieron a la vez análisis y se proyectaron acciones de acuerdo a las Sentencias T-614 de 2009 y T 760 de 2008. Aparte de que se dieron amplios debates en los eventos adonde asistimos sobe lo rescatable de esas sentencias.
Mesa ambiental
Se adelantó comunicación escrita con entidades ambientales, administraciones locales y las empresas de aseo. Se priorizó lo relacionado al relleno «sanitario» Doña Juana. Las respuestas siempre son tangenciales. Se destaca que solo hay dos «receberas» con licencia —Engativá (El Porvenir) y Usme (Cemex) — y otras mil son ilegales. En cuanto a las cárcavas no se ha dado solución, que en épocas de lluvias pueden generar desbordamientos e incremento de la erosión. Las canteras apenas tienen medidas preventivas de cierre. Sin embargo continúan funcionando. Las ladrilleras cuentan ahora con una orden de cierre definitivo emitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente. En el Relleno Sanitario de Doña Juana apenas se han permitido visitas parciales. El asunto de los problemas de emisión de gases producidos por los lixiviados y materiales con radiactividad podría presentar situaciones lamentables de no atenderse a tiempo. El asunto de los vectores sigue en ascenso, contaminación de olores, visual, auditiva.
Ese relleno recibe basuras de Bogotá, Chipaque, Cáqueza, Choachí, Fosca, Ubaque, se mantienen renovando sus contratos con el Distrito Capital, según información de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) El asunto de las «Escombreras» es un asunto de amplia contaminación ambiental. Las curtiembres en parte tienen licencia y otras son vigiladas, pero no hay una política clara distrital al respecto. Donde genera contaminación de olores y de residuos en las aguas del Tunjuelo, generando impactos ambientales negativos.
Control social a la gestión pública. El Mandato Ciudadano de la Salud por la creación de una EPS Pública tuvo como respuesta la creación de una EPS mixta, con una sola representación privada, Salud Total. Reafirmando ese hecho la tendencia a la monopolización de la salud en el sector privado como en el público. Es el caso de la fusión de los hospitales anunciados por esa misma Secretaría. Lo cual prevé unas masacres laborales, un aumento a las barreras geográficas, administrativas, económicas.

Continuamos con el plan de acción, definiendo actividades específicas a ejecutar por las mesas de trabajo y espacios comunitarios alrededor del control social en salud. Que son la base de organización alrededor de la edición y publicación de piezas comunicativas, donde se promueva la organización en los barrios, veredas de las localidades, donde se congreguen los diversos espacios de participación comunitaria, organizaciones sindicales, cívicas y populares en general.
El plan de trabajo se adelanta con la visión de hacer cumplir el mandato ciudadano desde la acción conjunta y articulada de todos los sectores sociales defensores de los comités por la salud, la vida y la dignidad humana.


1. Famosa frase de Edgar Montenegro durante su precandidatura a la Alcaldía Mayor de Bogotá en el año de 2006
2. http://www.pacocol.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7983
3. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-255-10.htm
4. http://eumed.net/libros/2010d/788/La%20ciudad-global%20como%20imagen.htm