Críticas: Proyecto D. Reglamentario Art. 30-capítulo V Acuerdo 641/2016

Hechas las observaciones en la reunión adelantada en la unidad de prestación de servicios de Engativá sobre el proyecto de Decreto que reglamenta el artículo 30 del capítulo V del Acuerdo 641 de 2016 hacemos las siguientes precisiones[1] a los:

Esencia del contenido de los Considerandos

1.    Lo definido como «Pilares estructurales para alcanzar la felicidad para todos: igualdad en la calidad de vida, democracia urbana y construcción de la comunidad… busca desarrollar un esquema de promoción de la salud y prevención de la enfermedad… basándose en una estrategia urbana de atención primaria en salud resolutiva»

Los pilares mencionados nada tienen que ver con la realidad de la política pública en calidad de vida, democracia urbana y construcción de la comunidad, pues lo que busca es lograr la plenitud del derecho al negocio en lo:

·         Inmobiliario, por eso se dedica a las obras, a las urgencias, pues ahí es donde más dinero gana la atención física en salud

·         Desconoce la ley 735 de 2002 que da una real posibilidad de implementar un derecho a la salud en el país y en Bogotá, pero esa norma jamás se menciona por los mercaderes del negocio de la salud desde la expedición de la ley 100/1993.

·         Se le ha preguntado al secretario de salud cuáles son las 10 principales causas de la morbi-mortalidad en Bogotá y cuáles son las medidas para superar esa situación, pero eso teme contestarlo el Secretario Distrital de Salud, le es inconveniente

2.    En Bogotá se desconoce el concepto de la OMS sobre derecho a la salud –ratificado por el Estado colombiano–, el cual es el máximo nivel de bienestar en salud física, salud mental, salud social o colectiva y salud ambiental.

·         Desconoce los tres últimos aspectos de la salud porque nunca serán un negocio para la Administración, que poco favorece la vida de los bogotanos, pues solo el que tenga acceso a la salud será quien pueda pagarla

·         El llamado paseo de la muerte en Bogotá subsiste, pues el SGSSS es eso, el derecho al negocio del capital privado, mixto o público, sobre el derecho a la salud y a la calidad de vida de la población capitalina.

·         La salud que deje de lado la salud física, social y ambiental jamás podrá considerarse como promoción de la salud y prevención de la enfermedad, entra en el campo de la demagogia o de la hipocresía política pública en salud.

·         «La APS resolutiva» quiere satisfacer el derecho a la salud con letras muertas de una resolución, pues solo una atención integral y un pleno subsidio a la oferta puede avanzar hacia la garantía de un derecho a la salud cierto.

·         La reducción de 22 ESE a 4 busca una concentración de poder financiero de intermediación que permita el pleno derecho al negocio, donde los beneficiarios iniciales serán los arquitectos partícipes de una campaña electoral victoriosa reciente.

·         El aseguramiento por su visión foquista, como todo foquismo es perverso, excluyente y antidemocrático, pues las encuestas SISBEN excluye cada vez más a los beneficiarios potenciales, entonces el foquismo es anti-derecho a la salud.

·         La participación comunitaria queda en el ámbito de hacer presencia, de un nivel consultivo, pero donde las decisiones son los dueños del capital de la salud en Bogotá, las intermediarias financieras o EPS.

3.    Las juntas asesoras comunitarias en relación con los integrantes de las juntas directivas de los hospitales retroceden en el principio constitucional de la participación, pues a diferencia de las juntas directivas apenas quedan con el papel de correveidile.

·         Las juntas asesoras comunitarias en relación a las juntas directivas pasan de su calidad de órgano decisorio a órgano asesor, que los directores científicos podrán tomar en cuenta las asesorías a su discrecionalidad.

·         En ese sentido el derecho a la participación en salud se ha vulnerado, cuando se deja un premio de consolación sobre lo que fue la junta directiva de los hospitales, que lograban algunos beneficios para la comunidad.

·         La Administración actual de Bogotá profundiza el modelo de «apertura» económica y privatizaciones, cual reductor de derechos de la población en general y a favor de los intereses económicos de quienes se apropian de los fondos públicos de la salud.

El Acuerdo 641 de 2016 está demandado ante una justicia que es derrochadora con los beneficiarios arrogantes y déspotas del derecho al negocio de la salud y cicatera con los sujetos del derecho a la salud.

Recomendaciones

1.    Organizar a las comunidades sujetas del derecho a la salud de manera independiente de los dictámenes de los defensores del derecho al negocio sobre los defensores del derecho a la salud en Bogotá.

2.    Avanzar en el debate comunidad institucionalidad en relación al bloque de constitucionalidad en cuanto al cómo debe ser la implementación del derecho a la salud, a la seguridad social y a la calidad de vida en general.

3.    Asistir a la elección de las juntas asesoras comunitarias y proseguir el debate allí, donde los criterios a llevar allá sean en defensa del derecho a la salud, así nos derroten los empresarios defensores del derecho al negocio.

4.    El debate da los elementos para hacer conocer a toda la población bogotana el engaño de la política pública en salud en Bogotá y el país, desde la imposición del SGSSS que privilegia el derecho al negocio.

5.    La ruta es larga, pero debemos comenzar contándole a todos los procesos sociales en salud sobre las nefastas implicaciones del SGSSS y su instrumento profundizador «anti-derecho a la salud conocido como Acuerdo 641 de 2016 del Concejo de Bogotá»

6.    El debate hay que sacarlo de los intramuros de las unidades prestadoras de servicios, de las 4 ESE y llevarlo a la opinión pública en general, pues debemos aprender de los logros a través de la discusión abierta.

7.    Aprendamos de nuestros compañeros agrarios campesinos, pueblos indígenas, pueblos negros y sectores populares, como los camioneros que han logrado reversar medidas antipopulares como grupos de presión, sostenidos en peticiones justas.

8.    El derecho a la salud es una consigna justa, relacionada con el derecho a la vida, pues los bogotanos siguen muriendo en los hospitales, aumentan los niños bogotanos que mueren de hambre, así saquen más decretos diariamente.

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[1] Reunión realizada en Unidad Prestadora de Servicios de Engativá el día 5 de julio de 2016, son la asociación de usuarios y el Copaco Engativá

RESUMEN Y ANOTACIONES A PRÓLOGO DE EDUARDO SANTOS AL LIBRO DE INDALECIO LIÉVANO AGUIRRE TITULADO: «RAFAEL NÚÑEZ»[1]

Eduardo Santos le aceptó a Indalecio Liévano Aguirre (ILA) prologar su libro «Rafael Núñez», el cual entrega a los dos meses después sin un estudio reposado al joven de 25 años, incorporando en ese prólogo una serie de excusas como:

«Viajes imprevistos», «hondas crisis políticas todavía más imprevistas», y termina confesando son apenas unas «líneas apresuradas» al trabajo serio del joven, y busca congraciarse al felicitar al autor del libro por su primera salida al campo de la crítica histórica.

Luego de su confesada desatención a renglón seguido expresa que le preocupa el que las nuevas generaciones muestren poca voluntad para el «arduo empeño», afición a las «cosas superficiales y transitorias», de las que , agrega Santos «Indalecio se alejó»

Lamenta la inclinación del esfuerzo de «pequeña penetración» investigativa, en el «breve artículo improvisado y discurso aún menos improvisado», mientras a Indalecio Liévano Aguirre lo ubica desviado de esa práctica, al ahondar interpretaciones históricas y publicarlas.

Un prólogo que analiza lo personal y elude la vida social del país

Una tarea reflexiva, paciente que impone una ardua labor, muestra cómo Liévano ha desechado esos caminos fáciles, noble y audaz ambición ha lanzado un libro a la representación de vigorosas ideas nuevas y a enfrentar la crítica tempestuosa o vengativa.

Analiza desde la óptica liberal medio siglo que juzga al hombre más discutido y más aborrecido en las filas del liberalismo, con sentido literario, que «como escritor nato» evita el escollo de la «erudición excesiva» y la «retórica aparatosa»

Basado en los documentos oficiales, que van marcando la evolución del estadista Rafael Núñez, según Liévano, hechos públicos, características psicológicas que perspicazmente analiza en su poesía, de hombre privado y público, donde el estadista supera la abstracta pasión literaria.

La pasión de Núñez acervada por sus sentimientos y situaciones presentadas en lo más árido de la vida pública, descuidado como escritor, ajeno a los primores del estilo, usaba la poesía como expresión de su pasión volcánica.

El verso para él fue un grito de su temperamento en el amor, ambición, amargura y torturante vida pública, sus memorias nunca las escribió, pero su poesía comenta su vida y su acción.

Rafael Núñez	Círculos del Liberalismo Radical
Doctrinario Pensador político Organizador de las Instituciones Pasión en marcha humana (influenciada por todas las cosas grandes y pequeñas que afectan la vida de los hombres	Nunca lo comprendieron así y lo combatieron, priorizaron la agresión a la persona misma de Núñez Despertaron en él así todos sus ímpetus de combate, de sentimientos de venganza Descuidaron demasiado las ideas del político y en cuanto en ellas había de fecundo y realista Se empeñaron en combatir a un hombre que resultó más peligroso cuanto más acosado

ILA inicia una reconsideración-rectificación a como se ha juzgado a Núñez desde su historia política-economía política del Siglo XIX, modificando conceptos aparecidos como evidentes, donde el interés de los partidos políticos se guiaban por apariencias que desfiguran la historia.

ILA presenta una interpretación distinta de la Administración de José Hilario López e iniciación del Gobierno del General Obando, critica –censura por razones y motivos liberales– a quienes eran exponentes del liberalismo en muchas de sus orientaciones y campañas.

Al padre de la Regeneración: Indalecio Liévano Aguirre quiere censurarle –por motivos y razones liberales– muchas orientaciones y campañas de quienes figuraban como exponentes del liberalismo, a lo que Eduardo Santos retoma su apreciación de Núñez y manifiesta:

¡Cuántas veces en la historia las apariencias resultan totalmente opuestas a las realidades y los hombres aparecen obrando a la sombra de banderas fervorosamente agitadas en forma contraria a lo que esas banderas deberían significar! Los acontecimientos, como las indomables corrientes marinas, suelen muchas veces llevar a los hombres a lugares y situaciones que no figuran en su itinerario y no es raro el caso de que ni siquiera se den cuenta clara de ello. Es la posteridad inteligente la llamada a establecer la verdad y a explicar lo que nunca muchas veces parecía inexplicable.[2]

La trágica equivocación de los radicales ocurrida entre 1876-1886, a pesar de sus excelsas cualidades morales, pero adolecían de un fanatismo y de una intransigencia que a todos los colombianos nos costó caro, es la apreciación manifestada por Santos.

Cuando Núñez preconizaba reformas –anheladas por la población– los Radicales rechazaban lo que viniera de su enemigo, así fueran propuestas de conciliación y acuerdo fundamentalmente vinculado a la política liberal desde programas reformistas buscando el concurso de sus antiguos copartidarios.

Se repetía aquella historia, cuando el Libertador en sus últimos días decía: «El no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos», iluminaba así los hechos políticos de los últimos días de la Gran Colombia.

Núñez entendió que de continuar la Federación daría al traste con la República y las Instituciones creadas para contener impulsos cesáreos del general Mosquera configuraban un Régimen de desorden que contrariaban los deseos de vida regular y progresista del país.

Muchas de las páginas de la reforma política correspondían a las necesidades de las realidades oligárquicas, percibidas desde el vigor intelectual y comprensión correspondiente de Núñez, y esas reformas deberían ser conducidas e implementadas por quien las representaba.

¿Qué pasa cuando de la controversia política se pasa a la venganza personal?

A la comprensión de la validez que pudieran tener las reformas de Núñez respondieron el fanatismo Radical, la fuerza de los hechos –armas, acusaciones por traición al liberalismo–, del temperamento del ofendido trajo las consecuencias desafortunadas y conocidas históricamente.

Los conservadores llenaron con astucia política el espacio dejado por el Radicalismo Liberal, Según Santos, con los señores Caro, «pensador de hondísima raigambre» y Carlos Holguín, que llevaron al hombre de El Cabrero a unas playas de recia urdimbre reaccionaria.

«…como era un hombre de tormentosas pasiones y no un frío estadista enamorado de unas cuantas ideas generales… esas pasiones lo llevaron a extremos que él mismo no había previsto y contra las cuales ya no quería o no podía reaccionar»[3]

El afán de Núñez por superar lo que consideró persecución a la Iglesia hizo favorecer una Institucionalidad de conservadores y nacionalistas, despótica, teocracia e inquisidora que profundizó el oscurantismo en el país, desde una Regeneración excluyente y sectaria.

Situación que condujo a la «Guerra de los Mil Días», impuesta por el régimen terrateniente, clerical que reprimía rabiosamente cualquier progreso ideológico en Colombia, por eso la «algarabía anterior –1863-1884– fuera sometida con la ley del silencio –1886-1899–»[4]

El señor Santos elude mencionar que la guerra de los Mil Días impuesta por un Estado teocrático, excluyente, discriminador, entregó un departamento (Panamá) a Estados Unidos de Norteamérica para birlar la competencia política del «liberalismo radical», pero arguye:

[Él]… conoció el error y la amargura de lo que Montalembert llamaba «triunfar demasiado» que otros más reciamente doctrinarios que él… aprovecharon de su victoria y lo llevaron de un exceso a otro exceso y de los errores del libertinaje y del sectarismo a los errores del sectarismo y de la reacción autoritaria.

«Que sea atendida esta invitación juvenil al análisis documentado de nuestra historia política es el deseo que formulo, al saludar en Indalecio Liévano Aguirre a una de las mejores promesas de las nuevas inteligencias colombianas»[5], así cierra su prólogo.

Para qué traer a cuento el prólogo de Eduardo Santos

La Constitución de 1863 fue la del Olimpo Radical y la Constitución de 1886 enterró la ideología liberal, en 1930 triunfó un liberalismo, pero éste había dejado de ser radical, pues se había mimetizado esgrimiendo la ortodoxia conservadora y clerical.

La idea de los nacionalistas aupada por Núñez se fue consolidando a través de las distintas administraciones Nacionales del país, como en la denominada violencia liberal-conservadora (1984-1953), donde se despojaron 350.000 hectáreas de tierras al campesinado.

Como la violencia liberal-conservadora era alimentada por los compadres Laureano Gómez y Alfonso López Pumarejo pero nunca se afectaron intereses de uno u otro, permitió que en España se volviera a configurar el partido Nacional, más conocido como Frente Nacional.

Partido que se consolida luego de la Constitución de 1991 con el Gobierno de la Unidad Nacional y una supuesta «Prosperidad para Todos», para los que están por el saqueo del país, la destrucción de la producción y soberanía Nacionales.

Comenzamos un debate histórico desde esta evaluación del prólogo de Eduardo Santos, o sometimiento ideológico liberal a intereses de la clase terrateniente en sus Gobiernos (1930-1946) donde su pragmatismo significó la conformación de una «institucionalidad oligárquica liberal-conservadora» aun vigente.

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[1] Prólogo de Eduardo Santos al libro de Indalecio Liévano Aguirre (1944-VIII-12): «Rafael Núñez» Impreso (1973-V-29) en los talleres de «Legislación Económica Ltda.», 3ª Edición de la obra, publicada en 1946. Sin especificar lugar de la Edición.

[2] Ibídem

[3] Ibíd

[4] A.

[5] A.

Sobre la propuesta de fusión de hospitales

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (Copaco) LOCALIDAD ENGATIVÁ

Bogotá, 27 de febrero de 2012

Mesa Directiva

Delegados de las asociaciones de usuarios de la Red Pública Hospitalaria y de las EPS

Delegados de la Comisión Distrital por el Derecho a la Salud y a la Calidad de Vida

Funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud

Funcionarios e integrantes de los sindicatos del Hospital Engativá

Funcionarios de la Alcaldía Local de Engativá

Señoras y señores asistentes

Reciban un fraterno saludo y seguros de avanzar en un ambiente de fraternidad y unidad

En el año de 1997 sufrimos los efectos de una fusión que resultó desastrosa para la garantía del derecho a la salud de la población de la localidad de Engativá y ocasionó una masacre laboral como nunca más se ha visto en la red pública hospitalaria distrital. Desastroso por el avance de los procesos de privatización que desde entonces se han observado. La prestación de servicios con Idime, con Cardioglobal, con la Nueva EPS con la sesión de parte de las instalaciones de la infraestructura del Hospital Engativá, Segundo Nivel de Atención, es el caso del 4° piso de su Sede Administrativa y, ahora soportamos la creciente depauperación ocasionada por fenómeno de la monopolización de la salud pública en cabeza de la EPS Salud Capital. Ese fenómeno ha ocasionado el que se vaya segmentando el Hospital, cual inquilinato de distinta clase. En el cuarto piso, donde está la atención a los pacientes del Régimen Contributivo, supera en calidad, al de los otros pisos adonde se presta la atención a los pacientes del régimen subsidiado. Es la muestra de la presencia de la lucha de clases que atraviesa la atención en salud en Colombia. Con lo cual se incumple el principio de la igualdad y solidaridad.

Desde la administración anterior de Bogotá se impulsa el proceso de una nueva fusión de la red pública hospitalaria, bajo la figura de un reordenamiento administrativo inicial, como es el caso de la Red norte occidental con la Clínica Fray Bartolomé de las Casas, el Hospital de Suba y el Hospital de Engativá, la clínica es de tercer nivel y los dos hospitales son de segundo nivel en lo fundamental, con lo cual deja de ser prioritaria la atención primaria, además se corre traslado de los recursos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad (P y P) de los Hospitales y se le entregan a las EPS por mandato de la ley 1438 de 2011. El resultado no se ha hecho esperar, los recursos destinados a la P y P dejaron de llegar a las comunidades en lo fundamental, en razón de que esos recursos nunca reportan ganancias, salvo cuando no se gastan a pesar de haber sido girados por las entidades de salud distrital y nacional.

Ese proceso que vive el Hospital de Engativá está en la ruta de la privatización que ya se impuso en la ciudad de Barranquilla, donde la salud ya está privatizada en un 100 % y se comienzan a ver una desatención ascendente de gran envergadura para los pobres, con lo cual se han aumentado los niveles de mortalidad y morbilidad en grupos poblacionales vulnerables.

Salidas estatales a la crisis ocasionada por el modelo denominado «Sistema General de Seguridad Social Integral», se trasladan de manera cínica a los hospitales, cuando no es a éstos a quienes corresponde solucionar los efectos de ese Sistema a través de la creación de una cooperativa integrada por la red pública hospitalaria para la compra de los medicamentos de manera unificada, la creación de una Unidad Temporal para negociar con las EPS los pagos a las Empresas Sociales del Estado (ESE) u hospitales, lo cual escaso o nulo resultado podría lograr, por cuanto la normatividad en salud favorece a las EPS que cuentan con mayores recursos, por ser esa ley el garante de hacer de la salud más un negocio rentable que una garantía en la atención de la salud de la población, y será más rentable si atiende a menos pobres. En consecuencia, la propuesta de ordenamiento administrativo de la atención integral en 8 subredes es el preámbulo del proceso de privatización de la salud sin lugar a dudas. En ese orden de ideas se idearon los proyectos de creación de una Zona Franca y Ciudad Salud en Bogotá.

Las EPS con la ley 1438 de 2011 tienen a su disposición nuevos instrumentos para diferir los tratamientos a los pacientes, las cuales al tener el control de la Unidad Por Capitación (UPC), P y P imponen sus condiciones a las ESE, en la estrategia de salirse de las «Competencias de Baja Complejidad» o servicios de salud, como es el caso de Engativá. Esa ley le da una salida a los privatizadores en el incremento de las ganancias de las EPS privadas, y el instrumento es el nuevo Plan Obligatorio de Salud (POS)[1] cuando legalmente incrementa las competencias de médicos generales, que podrían prestar servicios de mediana complejidad que deben cumplir los médicos especialistas.

La visión de la atención primaria en salud (APS) ahora podría ser la de definir si la prestación de servicios de salud básicos, a motu proprio, definen en conjunto si el paciente requiere medicamentos o atención de mediana o alta complejidad, de esa manera las EPS se ahorran unos pesos a costa de un deterioro mayor en la garantía del derecho a la salud y a la calidad de vida. En todo caso la determinación de la atención de mediana o alta complejidad estará en relación directa de la capacidad de pago del paciente y de si cuenta o no con un régimen complementario de salud.

Conclusiones

1.     El nuevo POS crea las condiciones de deterioro en la atención en salud dada la posibilidad que da que los encargados de la atención primaria realicen operaciones que deben realizar los especialistas de segundo y tercer nivel

2.     El proceso de readecuación administrativa de la prestación «integral» de los servicios de salud es el preludio de un proceso de fusión de algunos de los hospitales por las ocho subredes de servicios, de acuerdo a la distribución administrativa presentada por la administración anterior de la Secretaría Distrital de Salud, para que en el mediano futuro sea autorizada a través de un Acuerdo del Concejo de Bogotá la nueva fusión de los hospitales, en cumplimiento de la estrategia de «apertura» económica y privatizaciones de la salud definida en la Ley 100 de 1993

3.     Los efectos negativos del Sistema General de Seguridad Social Integral (SGSSI) de la garantía del derecho a la salud que debe dar el Estado en salud se la endosa a la red pública hospitalaria, y de esa manera el fracaso del modelo para la opinión pública será la red pública hospitalaria y no a los sostenedores y beneficiarios de ese modelo, el Estado y las EPS respectivamente, como sucede en la realidad. Los Copacos y las Asociaciones debemos denunciar ese engaño y otros engaños institucionales que persiguen, en lo fundamental, favorecer el capital de los empresarios de la salud

4.     La segmentación de la infraestructura del hospital Engativá, con la estrategia acertada de avanzar la cobertura de la atención al régimen contributivo tiene como trasfondo el asentamiento de entidades como Idime, Cardioglobal, Nueva EPS en áreas bien definidas del Hospital que podrían quedar en manos de esas entidades privadas, como viene sucediendo con las empresas de servicios públicos domiciliarios y otras

5.     La fusión traerá la afectación a los derechos laborales de la clase trabajadora del hospital en relación al trabajo decente, pues la situación de todos los hospitales es la crisis hospitalaria que el Estado se niega a reconocer que es causada por su parcialidad a favor del capital financiero y en contra de los intereses de la población en general

6.     La creación de la cooperativa para la negociación con los monopolios trasnacionales de los medicamentos y la creación de una empresa temporal para negociar con las EPS no pasan de ser una intención de poca efectividad, mientras no haya una alianza de las administraciones de los hospitales con los trabajadores y los pacientes organizados, por eso requerimos que los o las gerentes que se niegan a que las comunidades avancen en una participación con poder de decisión deben ser relevados de las administraciones, como es el caso de la gerente del hospital de Engativá, pues nunca asistióe a las reuniones del Copaco Engativá, incumpliendo así el Decreto 1757 de 1994

7.     Es necesario avanzar en un proceso de unidad por la defensa del derecho a la salud de los usuarios, de la defensa del patrimonio público del hospital de Engativá y del cumplimiento del trabajo digno de quienes laboran en el Hospital y en el resto de hospitales del país y, esa discusión debe darse en acuerdos con la administración distrital, a fin de que se exija al Estado su intervención para que éste deje de eludir su obligación de garantizar los derechos a la salud, los derechos laborales, los derechos a la seguridad social integral de toda la población colombiana, el asunto del cumplimiento de la garantía de esos derechos es una obligación del Estado en primer lugar y todos los colombianos debemos entender eso y exigirle que deje sus argucias para incumplir su obligación, para favorecer al capital financiero, violando el principio de la soberanía popular y soberanía nacional

GONZALO WOHLMEYER GÓMEZ

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[1] Comisión de Regulación en Salud. Acuerdo N° 030 (28 de diciembre de 2011) Por el cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación del Plan Obligatorio de Salud, Regímenes Contributivo y Subsidiado para el año 2012

RESISTENCIA CIVIL A RECOLONIZACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

Introducción

La organización social colombiana cuando diseña su acción —plan de trabajo— como si fuera parte integrante real y activa del Estado se equivoca, al desconocer su imposibilidad de acceder a los espacios donde se toman las decisiones en el diseño de las políticas públicas o en la elaboración de los planes de desarrollo de las administraciones diseminadas por las distintas unidades territoriales del país.

Esa situación se observa en la mayoría de los Estados del planeta con el desmonte paulatino del denominado «Estado de Bienestar» en Europa, Estados Unidos y otros donde se había avanzado de manera importante en ese sentido, lo cual ha generado en varios continentes enormes movilizaciones sociales, al punto que algunos gobernantes han sido remplazados por otros, sin que a la fecha, ninguno de esos movimientos haya logrado cambios en el modo de producción imperante en ninguno de los países donde se han presentado esas luchas sociales. Pero los capitalistas del mundo están temerosos.

El crecimiento del apetito desmedido de acumulación ocurrió luego de la caída del principal competidor de «occidente» a finales de los 1980, la Unión Soviética, con lo que se crean las condiciones de la caída del muro de Berlín y generación de un nuevo equilibrio en el orden del poder mundial, ya sin el que unos denominaban «campo socialista» y otros «campo social imperialista soviético» donde se destaca el hecho de que en 1960 la República Popular de China y Albania se marginaron de ese campo.

La nueva situación internacional dio vía libre a la aplicación de la ley económica fundamental capitalista, la sobrexplotación de la fuerza de trabajo, al arrancarle una mayor plusvalía al trabajador, al prolongar la parte de la jornada de trabajo que el capitalista no le remunera al trabajador, mientras reduce la parte de la jornada con que paga la fuerza de trabajo. Esa es la aplicación del concepto de mano de obra barata.

Esa realidad, la de que la ganancia del capitalista en general solo se obtiene con la plusvalía obtenida con la explotación de la fuerza de trabajo de las personas explotadas y de quienes laboran bajo la figura a destajo en las maquilas. Como la fuente de la riqueza de las sociedades donde impera el modo de producción capitalista, sea en su fase inferior de libre mercado, que dejó de existir en lo fundamental en la última década del siglo XIX, sea en su fase superior, la de los monopolios, donde los países ricos explotan a sus propios pueblos y a los pueblos de los países que sojuzga y mantiene bajo su dominio. Esa ley deducida científicamente por los maestros del proletariado, Marx y Engels, ahora se expresa en la obtención de mayores beneficios y de la concentración monopólica de los mercados existentes en el planeta, mediante la explotación, la ruina y la depauperación de la mayoría de los habitantes del país dado, mediante el avasallamiento y el saqueo sistemático de los pueblos y riquezas del subsuelo de otros países, principalmente de los países atrasados y, por último, mediante las guerras y la militarización de la economía nacional o recolonización económica de pueblos y países enteros por los países ricos, a fin de asegurar éstos los máximos beneficios.

Los países pobres, que lo son, por las imposiciones de los países ricos, reforzadas con la firma de convenios de aquéllos con entidades multilaterales como FMI, BM, OMC, hacen someter sus planes de desarrollo a la entrega ascendente del mercado interno del país, a la privatización agresiva de las empresas estatales de servicios públicos y de producciones estratégicas a las multinacionales de los países ricos, a la vez exigen el aumento de la concentración de la propiedad de la tierra a costa de la vida de la economía campesina, del desplazamiento forzado por la violencia de cuatro millones de personas, por las masacres de campesinos, comunidades indígenas, afro descendientes, como es el caso de Colombia, donde las tierras apropiadas por las multinacionales para extraer las riquezas del subsuelo sobrepasan las seis millones de hectáreas que eran el patrimonio de un millón de familias intimidadas. Esa violencia favoreció la geopolítica imperialista de generar políticas nacionales de autoabastecimiento al consumo interno, de desarrollo de nuestra producción nacional.

Esa geopolítica internacional utiliza a países serviles al imperialismo —Israel— que se protege con las ojivas nucleares de la OTAN, que a su vez está comandada por el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora EEUU busca integrar a algunos países asiáticos a la OTAN para enfrentarse mejor a China y someter a India, también busca integrar a países africanos a la OTAN para someter al mundo árabe en África, apropiarse de todas las riquezas de su subsuelo, como ocurrió en Libia en 2011

El Consenso de Washington, formulado por John Williamson en noviembre de 1989 refleja lo entendido por el imperialismo como «política de reformas» donde incluye una lista de diez políticas[1] que impusieron a los países de América Latina, luego de los resultados favorables obtenidos por los países ricos se difuminó por el planeta para enfrentar una y otra de las crisis provocadas por la ambición imperial y, luego le endosa el pago de los desastres a los pueblos de los países pobres y si no les alcanza ferien los bienes del Estado del país dado. Esa estrategia afinada por Washington, DC e instituciones como el FMI, BM y Departamento del Tesoro de EEUU, se aplica también por la Unión Europea a países de Europa Oriental, así como a Grecia, España, Irlanda, Portugal, generando esa situación luchas sociales contra esas políticas imperialistas de beneficio exclusivo de los grandes centros financieros mundiales.

Las políticas de Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y Márgareth Tatcher, Primera Ministra Inglesa, en los 1980 se dieron al compás de niveles ya incontrolables de corrupción causados por Nomenklatura en el Partido de Gobierno de la Unión Soviética, desde 1958 y acabó con la URSS 1991. Luego el mundo conoció el potencial de la mafia rusa en el proceso de degollamiento de la patria socialista desde cuando asumió el mando sin contradictores de peso el señor Nikita Khrushchev, que ordenó la construcción del muro de Berlín en 1961 y solo pudo derrumbarse en 1989. Se habló entonces del fin de la historia, de que las tesis del socialismo perdieron toda vigencia.

En ese ambiente hostil a las ideas emancipadoras se da la toma del Palacio de Justicia, con el sugestivo nombre de «Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre», que le dio el grupo de asalto M-19, el 6 de noviembre de 1985. Cuando los Estados Unidos promovían una nueva Constitución Política en Colombia, mientras se enorgullecían de los 200 años de la Constitución Estadounidense el 17 de septiembre de 1987. La Corte se negó a aprobar una Constituyente violatoria de la Constitución de 1886 que estaba por cumplir los cien años. En 1988, George HW. Bush lanzó una política exterior caracterizada por las operaciones militares en Panamá y el Golfo Pérsico.

Luego de la masacre de parte de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia se dio la desmovilización del grupo M-19 el 9 de marzo de1991, se aprobó la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de febrero de 1991 y el 4 de julio, día de la Independencia de Los Estados Unidos de Norteamérica, se promulga la Constitución de 1991 y el presidente César Gaviria Trujillo da la «bienvenida al futuro», mas no al pueblo de Colombia sino a las multinacionales para que saqueen a Colombia a su gusto. Pues esa Constitución acogió los lineamientos del Consenso de Washington y los partidos que rubricaron su promulgación fueron cómplices de esa agresión contra la patria. Solo el Moir denunció esa acción apátrida, pero hoy vemos a ese movimiento acompañando al coro de los defensores de la Constitución de 1991 o al menos guardando un silencio prudencial a los descalabros que a diario ocasiona.

Es conveniente romper el silencio y decir que el señor Gustavo Petro, ex integrante del M-19 y figura política del proceso subsiguiente a la masacre de personas integrantes de la Corte Suprema, nunca ha dejado de ser favorecedor de los intereses del imperialismo norteamericano en nuestro país y tal vez continuará el nuevo burgomaestre de Bogotá. Consideramos algunos sectores que se avanzará con él el proceso de privatización de los siete hospitales que cobija la Zona Franca en Salud en el Centro de la Capital de la República, se acelerará la privatización de la ETB, se seguirá  cooptando desde la Secretaría Distrital de Salud (SDS) al movimiento social en salud de Bogotá con el apoyo de algunas ONG, como  ocurre desde hace ocho años con las argucias y cancamusas de la Corporación Grupo Guillermo Ferguson y otros contratistas pro privatizadores privilegiadas por la SDS. Esperamos que la actitud intimidatoria de un familiar de la directora de la Oficina de Participación y Atención al Ciudadano de la SDS se prohíba, por expresar una tendencia fascista propia de «falanges» al servicio del Estado.

Llamamos a los bogotanos a conformar el más amplio y diverso frente de resistencia civil contra el modelo de «apertura» económica y privatizaciones  —léase de recolonización económica—  en Bogotá y por la defensa de la producción y soberanía nacionales, por la defensa de las normas de la democracia, por la defensa de las reivindicaciones sociales y contra todo tipo de violencia venga de donde viniere.

Para avanzar en ese frente debemos entender que desde la Constitución de 1991 el establecimiento está al servicio del gran capital y en contra de los intereses de la población colombiana, por eso debemos unirnos y evitar que nos sigan engañando con unos derechos consagrados en la Constitución pero inaplicables si no se da la sostenibilidad fiscal, que jamás se dará. Por ello la garantía del derecho a cargo del Estado queda supeditada a los recursos que le quiera girar las multinacionales amparadas con las cinco bases militares asentadas en Colombia. Entonces la salida es buscar la unidad con los pueblos del mundo contra la agresión del gran capital y sus grupos de choque, las multinacionales.

Bogotá, 1° de enero de 2011

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[1] Disciplina presupuestaria (los presupuestos públicos no pueden tener déficit); Reordenamiento de las prioridades del gasto público (el gasto público debe concentrarse donde sea más rentable); Reforma Impositiva (ampliar las bases de los impuestos y reducir los mas altos); Liberalización de los tipos de interés; Un tipo de cambio de la moneda competitivo; Liberalización del comercio internacional (trade liberalization) (disminución de barreras aduaneras); Eliminacion de las barreras a las inversiones extranjeras directas; Privatización (venta de las empresas públicas y de los monopolios estatales); Desregulación de los mercados; Protección de la propiedad privada